Urgen a abordar las “disfunciones muy graves” en la gestión de residuos electrónicos

Un reciente estudio publicado por CWIT concluye que solo el 35% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la UE recibe un tratamiento legal.

Existe en la Unión Europea un problema evidente con la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Según las conclusiones del último informe sobre la gestión y descontaminación de residuos electrónicos elaborado por el Consorcio Europeo CWIT, solo el 35% de estos desechos generados en 2012 en la UE recibió un tratamiento legal.

El estudio también establece que los residuos electrónicos gestionados ilegalmente dentro de la UE superan 10 veces a los exportados de manera ilegal.

Una de las empresas consultadas durante la realización del estudio fue la española RECILEC, cuyas instalaciones –ubicadas en el municipio sevillano de Aznalcóllar– visitaron el pasado año representantes de CWIT, entidad formada por organismos como la Interpol, la Universidad de las Naciones Unidas o WEEE Forum.

A juicio de Leonardo Díaz Pineda, gerente de la empresa, las conclusiones del informe han puesto en evidencia “disfunciones muy graves que necesariamente han de abordarse urgentemente desde los diferentes organismos con competencias en esta materia”, como la Comisión Europea, los ministerios nacionales, fiscalías, cuerpos de seguridad, administraciones locales, etc.

La Interpol solicita un mayor esfuerzo a los Estados miembros para hacer cumplir la legislación de residuos, formar específicamente a jueces y fiscales en estas cuestiones, prohibir los pagos en metálico por chatarra o basar la gestión de los residuos electrónicos en un sistema de certificación que obligue a los agentes a informar a sobre los resultados de los tratamientos y de la descontaminación. También pide la total aplicación de la Directiva RAEE de forma armonizada entre los Estados miembros.

Gestión autorizada de residuos

Díaz Pineda, explica que “llevan mucho tiempo reclamando que se tomen medidas para corregir esta situación. Es imprescindible que se actúe de una vez para que las empresas de los diferentes países miembros que realizamos un reciclaje de calidad, comencemos a recibir estos residuos que actualmente se gestionan de forma irregular por circuitos ilegales. Solo así lograremos que estos residuos regresen a la gestión autorizada”.

Europa debe terminar ya con estos canales ilegales, de manera que el residuo termine en instalaciones autorizadas y dotadas de las mejores tecnologías disponibles para el adecuado tratamiento medioambiental de los residuos eléctricos y electrónicos”.

Hay que recordar que estos residuos electrónicos contienen en buena medida sustancias peligrosas y que la normativa vigente exige que se descontaminen y se alcancen altos niveles de reciclado.

El gerente de RECILEC cree que Europa “debe terminar ya con estos canales ilegales, de manera que el residuo termine en instalaciones autorizadas y dotadas de las mejores tecnologías disponibles para el adecuado tratamiento medioambiental de los residuos eléctricos y electrónicos”.

Un problema europeo

En junio de 2014 RECILEC desarrolló un workshop en sus instalaciones en el que participaron representantes de los organismos que integran CWIT, quienes conocieron in situ los avanzados procesos de tratamiento de residuos de su planta.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las principales preocupaciones que expusieron los diferentes agentes afectados –Consejería de Medio Ambiente, Administración Local, Seprona, el sector de la distribución, sistemas integrados de gestión, gestores de residuos…–, con los que compartieron una jornada de trabajo.

Para Díaz Pineda, ese día se pusieron de manifiesto muchas de las cuestiones que, según se deduce de los propios resultados del estudio, sufrimos a nivel europeo. Se evidenció que la gestión ilegal de residuos electrónicos no es un problema local. Por lo tanto, resolverlo exige la colaboración de todos los agentes implicados y la adecuada coordinación de los organismos públicos con competencias en materia legislativa, de inspección y sancionadora, no sólo de España sino de toda Europa.