Un estudio de Europa Ciudadana apunta que la escasa competencia entre operadores del sector dificulta la innovación y los avances hacia una economía circular.
España necesita acelerar la transformación de su modelo de gestión de residuos para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea. Esta es la principal conclusión extraída de un informe del think tank Europa Ciudadana, donde se realiza un exhaustivo análisis de la presente regulación en España abordando los futuros retos a los que se enfrenta como país, como el nuevo Reglamento de Envases de la Unión Europea en el marco de Pacto Verde Europeo.
Asimismo, el documento aborda los desafíos a los que se enfrentan los estados con la nueva normativa europea, con unos objetivos ambiciosos, y concluye que no todos los países parten de la misma situación. Aquellos estados con sistemas en competencia, según se deprende del informe, están más preparados para adoptar la nueva legislación comunitaria que los países con sistemas monopolísticos, ya que la nueva regulación fomenta de manera efectiva la incorporación de nuevos operadores.
“Aunque en un principio el modelo de reciclaje basado en pocos sistemas fue un mecanismo útil para el cumplimiento de la legislación europea, la gestión de residuos en España constituye una excepción ibérica que, a largo plazo, ha impedido la entrada de otros competidores, dificultando la innovación y los avances hacia una circularidad real”, concluye José Carlos Cano Montejano, presidente de Europa Ciudadana y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
El documento elaborado realiza una comparación con otros mercados del reciclaje en la Unión Europea, como Francia o Alemania, donde el modelo competencial lleva implantado varios años. El caso alemán y el francés, según el texto, están considerados como modelos de éxito, donde la competencia ha redundado positivamente tanto en las tasas de reciclaje como en la prestación del servicio a la población. Los sistemas en competencia como el francés o el alemán, añade Cano Montejano, han propiciado un “terreno fértil” para la innovación y la inversión en I+D+i.
La gestión de residuos en España
La primera Ley de Residuos en España de 1998 sentó las bases para la regulación de la gestión de residuos fruto de la transposición de una directiva de la Comisión Europea, aunque hasta 2011 no se mencionó en el articulado la Responsabilidad Ampliada del Productor, el principio básico sobre el que descansa toda normativa de residuos, se trata de la responsabilidad que el fabricante de un producto asume sobre la gestión de sus residuos.
El sector de la gestión de residuos en España se encuentra en un punto de inflexión, ya que a partir de 2024 los nuevos operadores que hayan obtenido la autorización de la administración podrán comenzar a administrar nuevos Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). En este sentido, el informe de Europa Ciudadana emplaza a las administraciones a simplificar y hacer más asequibles los procesos de autorización para nuevos operadores, facilitando así la diversificación de la oferta y la aportación de nuevas soluciones que aumenten el índice de circularidad.