Aclaraciones de la empresa Indumetal Recycling sobre las informaciones facilitadas por algunos medios con base en un comunicado de prensa emitido por la Guardia Civil

Tras las recientes apariciones en diversos medios de comunicación sobre la supuesta gestión irregular de residuos peligrosos, la empresa Indumetal Recycling acaba de emitir una nota aclaratoria que por su interés informativo reproducimos a continuación.

Ante las informaciones facilitadas por algunos medios de comunicación con base en un comunicado de prensa emitido por la Guardia Civil, referido a las investigaciones abiertas por el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en nuestra planta de Erandio, y que describen una situación muy alejada de la realidad de los hechos, queremos manifestar lo siguiente:

1.- Las investigaciones que se están desarrollando tienen su origen en una denuncia anónima. En ningún caso se fundamentan en una actuación de oficio de la Guardia Civil ni en episodios que pudieran mostrar indicios de daños al entorno o a la salud de las personas, consecuencia de la actividad de la planta.

2.- Desde que tuvimos conocimiento de la investigación, en febrero de 2017, hemos mantenido una total colaboración en este proceso de investigación que aún sigue abierto.

3.- El proceso investigador se encuentra actualmente en una fase de diligencias previas, por lo que en ningún caso se puede afirmar que existan prácticas ilegales ni, por supuesto, delito ninguno contra el medio ambiente o las personas. En ese contexto son particularmente falsos conceptos utilizados como “desmantelamiento de trama”, o afirmaciones acusatorias como “personas puestas a disposición judicial por la comisión de delitos …”.

4.- Es importante manifestar con rotundidad que es falso que 10 personas, miembros del equipo técnico y directivo de la empresa se hayan “puesto a disposición de la autoridad judicial”, ni, por supuesto, hayan sido detenidas. Únicamente han sido citadas por la Guardia Civil para tomarles declaración en el marco de la citada investigación.

5.- Respecto a la importación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), debemos manifestar que nunca se ha importado ni un solo televisor de tubo de rayos catódicos.

6.- La actividad que desarrollamos tiene por objeto el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos para su descontaminación y recuperación de materiales destinados a su utilización en el ciclo productivo. Todos los criterios de gestión y las tecnologías empleadas para este objetivo son las adecuadas y responden a las mejores técnicas disponibles actualmente en el sector para tratar los residuos que recepcionamos. Nuestra actividad no ha estado nunca incursa en ningún expediente sancionador por parte de ninguna administración competente. Ha estado siempre bajo los parámetros de cumplimiento de la legalidad, y particularmente de la seguridad, la protección del medio ambiente y de la salud de las personas que se exigen en nuestro sector, reportando periódicamente a la administración la información que garantiza el correcto desempeño de la actividad en el marco de nuestras autorizaciones.

7.- La protección del medio ambiente y, de forma especial, la salud de los trabajadores es para nosotros prioritario. Por esa razón, realizamos mediciones periódicas sobre el impacto de nuestra actividad en ambos aspectos con resultados satisfactorios en todos los casos.

8.- Nuestra actividad se desarrolla bajo un estricto control de las autoridades competentes en materia industrial y medioambiental. En ese marco disponemos de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que concede el Gobierno Vasco y que ha sido renovada recientemente (diciembre 2017). La AAI es una resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, con el objetivo de proteger al medio ambiente en su conjunto, aplicando los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada.

9.- Por último, ante las informaciones aparecidas, la empresa solicitará el amparo judicial y valorará la adopción de medidas que considere más apropiadas para garantizar su derecho a la defensa.