Aclima y Asegre firman un acuerdo para impulsar la economía circular

Ambas entidades colaborarán para alinear sus políticas y posiciones en diversos aspectos relacionados con la gestión de los residuos.

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre) y Aclima, Basque Environment Cluster, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la economía circular y poner en valor la aplicación rigurosa de la legislación como la mejor vía para garantizar la trazabilidad de los residuos y emplear los tratamientos más adecuados, innovadores y seguros.

Los presidentes de Asegre, Manuel Roca, y Aclima, Xabier Caño, han sido los encargados de formalizar un acuerdo que busca alinear políticas y posiciones de las dos organizaciones en aquellos aspectos que afecten al sector de los residuos. Para ello se pondrán en marcha actos conjuntos, intercambio de información y diseño de servicios especializados de interés para los asociados. Además, miembros de ambas asociaciones asistirán a las asambleas generales y tendrán voz, aunque no voto, en las mismas.

Esta colaboración es una muestra del impulso que están adquiriendo las empresas del sector medioambiental vasco. Prueba de ello son los 1.940 millones de euros que facturaron los socios de Aclima en 2018, lo que supone un 3% más que en el ejercicio anterior. Globalmente, el sector ambiental vasco ha facturado 3.715 millones de euros en 2018 y ya representa algo más del 5% del PIB de Euskadi. Además, la economía circular es una de las áreas estratégicas que el cluster Aclima ha identificado en su recién estrenado Plan Estratégico, en el que se presenta al sector ambiental como palanca de competitividad del resto de sectores.

Asegre espera que este acuerdo sea de utilidad para un mayor conocimiento y difusión de un estudio que han presentado este año y que promueve un nuevo modelo de gestión que otorgue, a todos los operadores de la cadena, una responsabilidad equivalente a su relevancia en la gestión del residuo. Para ello, el estudio incluye una modificación legal específica con el objetivo de instaurar un régimen de responsabilidad compartida del productor del residuo y demás agentes de la cadena de gestión.