Los participantes en la quinta reunión monográfica sobre el Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra 2025 acordaron que Navarra opte por una gestión centralizada y pública de sus residuos, en torno a un ente común que coordine y asesore, pero garantizando que entidades locales y mancomunidades mantengan sus competencias.
La sesión, centrada específicamente en la Gobernanza sobre los Residuos Domésticos y Comerciales en Navarra y Ley Foral de Residuos, contó con integrantes de la práctica totalidad de las mancomunidades de Navarra, incluida una importe representación de los electos y técnicos de la Comarca de Pamplona.
Tras la exposición de modelos de gestión y organización de otras comunidades autónomas como Cantabria, La Rioja, Guipúzcoa o Cataluña, los presentes trabajaron en grupos, y en sus conclusiones se alinearon mayoritariamente con las líneas estratégicas que propone el Plan: una gestión pública que garantice un servicio suficiente en todo el territorio de Navarra, con un coste uniforme, y el pago por generación según cantidad y calidad.
En la organización de ese nuevo modelo de gobernanza, los entes locales deberían responsabilizarse de la recogida, la prevención, la sensibilización y los servicios más cercanos, y el ente foral se encargaría de aspectos como la coordinación, planificación, asesoramiento, campañas globales de comunicación, el canon o la uniformización en la recogida de datos, y las infraestructuras.
La propuesta de elaboración de una nueva Ley Foral de Residuos no fue suscrita por todos los grupos, y uno de ellos consideró suficiente la normativa estatal y europea que ya existe, por lo que el PIGRN debería ser la norma a seguir, y únicamente sería necesario extraer un reglamento. El resto sí estimó necesaria una nueva Ley Foral que dé soporte legal al Plan, que incluya figuras tributarias como tasas, tarifas o cánones, y garantice el control y cumplimiento de lo dispuesto.