La asociación se lamenta por la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento sevillano a esta iniciativa, que “evitaría el enorme daño social” derivado de la nueva ordenanza municipal, que prohibe a los particulares buscar en los contenedores de basura.
Recientemente entró en vigor la nueva Ordenanza municipal de Limpieza en Sevilla, que prevé sanciones importantes para aquellas personas que hurguen en los contenedores de residuos en busca de materiales con algún valor. Para evitar este tipo de situaciones, la norma también prohibe dejar junto a los contenedores o dentro de los mismos diversos tipos de residuos tan comunes como sartenes, tenedores, grifos, perchas, juguetes, etc, que deberán depositarse en los puntos limpios. Las multas en este caso van desde los 750 a los 1.500 euros.
Aunque existe la posibilidad de la recogida a domicilio, según la Asociación de Gestores de Residuos del Sur (AGRESUR), este sistema se colapsaría si tuvieran que retirar todos estos pequeños enseres de la ciudad de Sevilla. Igualmente, los desplazamientos de la población a los puntos limpios para dejar estos residuos tan cotidianos ocasionaría grandes molestias, gastos y, de nuevo, colapsarían dichas instalaciones.
Desde esta asociación consideran que que la recogida de estos residuos en cercanía –los puntos limpios suelen situarse a las afueras de los municipios– facilitaría al ciudadano en gran medida su correcta gestión. Por otro lado, esta actividad de recogida de chatarra por parte de recogedores “particulares”, que son los más desfavorecidos de la sociedad, supone su única fuente de ingresos.
Igualmente, multitud de pequeñas empresas (chatarrerías y comercios de segunda mano) dependen de esta actividad, generando empleo y permitiendo la correcta gestión medioambiental de estos residuos.
Por estos motivos, AGRESUR ha presentado un proyecto de regulación de esta actividad, “Recogesur social”, que incluye, entre otras, las siguientes ventajas:
- Registro de todos los recogedores de chatarra.
- Asociación de estos recogedores.
- Obligación del cumplimiento de las normas medioambientales.
- Prohibición de gestión de residuos a través de centros ilegales.
- Control de la trazabilidad del residuo.
Este proyecto, pionero en España, ha tenido una acogida positiva tanto a nivel estatal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) como autonómico (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla –competente en materia de residuos municipales– lo ha ignorado.
AGRESUR ha solicitado en repetidas ocasiones una cita con el Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla para explicar el proyecto “pero este ha dado el silencio por respuesta”, se lamentan desde la asociación. “Tampoco ha ofrecido ninguna explicación de su rechazo al proyecto”, concluyen.