Alargar la vida útil de los productos electrónicos para cumplir los objetivos climáticos y de economía circular

De acuerdo con un nuevo informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), los teléfonos inteligentes, televisores, lavadoras o aspiradoras se usan en promedio por períodos más cortos que los tiempos de vida para los que fueron diseñados.

Extender la vida útil y retrasar la obsolescencia de la electrónica puede reducir significativamente sus impactos ambientales y climáticos y contribuir a cumplir con los objetivos ambientales, climáticos y de economía circular de la Unión Europea (UE).

El informe de la AEMA «El consumo de Europa en una economía circular: los beneficios de una electrónica de mayor duración» analiza las oportunidades para reducir los impactos ambientales y climáticos de la electrónica al aumentar la vida útil de los productos, retrasar la obsolescencia y mejorar su idoneidad para los modelos comerciales de economía circular. Cada persona de la UE consume, en promedio, más de 18 kilogramos de productos eléctricos y electrónicos cada año.

De acuerdo con la información de la AEMA, los casos de estudio en teléfonos inteligentes, televisores, lavadoras y aspiradoras muestran que todos estos tipos de productos tienen vidas medias reales que son al menos 2,3 años más cortas que las vidas diseñadas o deseadas. Esto significa que existe un potencial significativo para aumentar la vida útil de estos productos, por ejemplo, haciéndolos más fáciles de usar por períodos más largos, mediante la reutilización, reparación, remanufactura o reciclaje.

Los modelos de negocio de economía circular, incluidos el diseño circular, el producto como servicio, la reutilización y el reciclaje, deben desarrollarse para conservar por más tiempo el valor de la electrónica. Para mejorar la ‘circularidad’ de los productos electrónicos, el informe destaca la necesidad de fortalecer los requisitos de diseño ecológico de los productos y mejorar sus potenciales de reparación, eliminación y remanufacturación. Otras medidas incluyen un mayor uso de la etiqueta energética de la UE, el desarrollo de la contratación pública ecológica y la extensión de la responsabilidad del productor al final de la vida útil de los productos.