Alianza Verde denuncia los planes de la Junta de Castilla y León para «construir una macroincineradora»

La formación política se hace eco de una información difundida por Ecologistas en Acción, según la cual la infraestructura tendría capacidad para tratar 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos procedentes de toda la región.

El coordinador del partido ecologista Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, denunció ayer, tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Castilla y León, a través de una serie de preguntas registradas junto a Podemos, la intención de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de construir una macroincineradora para toda la basura de la región.

En la iniciativa que ambas formaciones han llevado a las Cámaras, se hacen eco de la denuncia de Ecologistas en Acción, que afirma que “el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones presiona a las entidades locales para que entreguen a cuarenta años sus residuos municipales a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) con la amenaza de penalizaciones”.

Se trataría, según el grupo ecologista, de una infraestructura de dimensiones superiores a la planta de Valdemingómez en Madrid, que generaría un intenso tráfico de camiones transportando desechos desde todos los puntos de la región.

Así, las formaciones políticas han denunciado en el Congreso la “incoherencia” de estos planes de la Junta con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y le piden al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, que medie con la Junta de Castilla y León para evitar que este proyecto salga adelante, ya que consideran que existen alternativas “que no sólo cumplen con los objetivos de la ley en cuanto a reciclaje, reutilización y reducción de residuos, sino también a la promoción de una economía sostenible y circular en la comunidad de Castilla y León”.

En las Cortes de Castilla y León, ambos partidos han advertido a la Junta que este proyecto no reúne las condiciones de seguridad ambiental y territorial para ponerse en marcha y tampoco es coherente ni con la ley de residuos ni con las directivas europeas. Además, han pedido al Consejero Suárez-Quiñones que aclare “cuándo lo piensa sacar a información pública”, ya que “además de ser innecesario, insostenible e ineficaz, se está gestionando de forma absolutamente opaca”, aseguran.

“La gestión de los residuos es uno de los talones de Aquiles de las políticas ambientales en España. Cuando aprobamos la ley de residuos dimos un paso para avanzar hacia un sistema de residuo cero, pero es necesaria la colaboración de las administraciones, y la Junta va en la dirección opuesta”, denuncia López de Uralde. “De lo que se trata es de avanzar en la reutilización y la reducción de los residuos, aprovechando las oportunidades que ofrece la economía circular, no seguir promocionando infraestructuras para quemar toneladas y toneladas de residuos”.