Andalucía aprueba el primer Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado el primer Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos en Andalucía (Pittra) para el periodo 2017-2019.

El plan se aplicará al transporte de los residuos que se realice desde o hacia países pertenecientes a la Unión Europea. Con esta iniciativa, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se pretende garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

Las inspecciones se efectuarán a establecimientos, empresas, negociantes, agentes o transportistas que participen en el traslado de los residuos, así como en las operaciones de valorización o eliminación de los mismos. Estos controles se podrán realizar en el punto de origen o en el de destino, así como en las fronteras exteriores de la Comunidad autónoma o durante el traslado por el interior de Andalucía. Estas intervenciones contemplan asimismo la comprobación de documentos, la confirmación de identidad y, en su caso, el control físico de los residuos.

Para la ejecución de estas inspecciones, la consejería contará con los funcionarios de las distintas Delegaciones Territoriales. En el desarrollo de las mismas se podrán establecer además mecanismos de coordinación y colaboración con  la policía autonómica, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, policía local, autoridades portuarias, Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Reglamento (UE) N.º 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que refuerza la normativa existente desde 2006 en toda la Unión Europea para organizar y regular la vigilancia y control de los traslados de residuos entre los estados europeos y entre estos y terceros países.

Entre las disposiciones que contempla esta norma se encuentra la obligación de establecer planes de inspección, basados en una evaluación de riesgos y en los que se incluya una serie de elementos claves. Estos planes deberán recoger los objetivos y prioridades, la zona geográfica a la que se aplican, información indicativa sobre los controles previstos, las tareas asignadas  a cada una de las autoridades que participen en los mismos, los dispositivos de cooperación, así como información sobre la formación de los inspectores, recursos humanos y financieros.