Revisión de la aplicación de la normativa ambiental en España en 2019 en materia de economía circular

Alexandra Farbiarz Mas. 

Comunicóloga, especializada en Biotecnología y Medio Ambiente. 
TERRAQUI. Derecho Ambiental. 

A nivel europeo, la lectura global de todos los informes de revisión de la aplicación de la normativa ambiental concluye que, en relación a la gestión de los residuos, la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente para todos los Estados miembros. Por otro lado, nueve países siguen la trayectoria adecuada en materia de gestión de residuos para alcanzar los objetivos del 2020, cinco de los cuales ya han alcanzado los objetivos sobre reciclado, pero en catorce peligra la consecución del objetivo de reciclado de residuos municipales para 2020. Entre ellos se encuentra España.

El informe de revisión de la aplicación de la normativa ambiental de España analiza cinco grandes ámbitos de aplicación de la normativa europea.

1. Convertir la UE en una economía circular, eficiente en el uso de los recursos, ecológica e hipocarbónica.
2. Proteger, conservar y mejorar el capital natural.
3. Garantizar la salud y calidad de vida de los ciudadanos.
4. Fiscalidad ecológica, contratación pública ecológica, financiación e inversiones a favor del medio ambiente.
5. Reforzar la gobernanza medioambiental.

En este post se comentan los principales indicadores y resultados de la aplicación de la normativa ambiental en relación al primero de los apartados:

• El uso circular de materias primas secundarias en España en 2016 fue del 8,2% (en la UE la media se sitúa en un 11,7%). Sin embargo, en 2010 era del 10,4%. Ha habido, pues, una regresión. Este dato es preocupante habida cuenta de la dependencia de materias primas del extranjero.
• Empleados en la economía circular. España se sitúa por encima de la media de la UE en personas empleadas en la economía circular: un 2,02% del total del empleo frente al 1,73% de Europa.
• Productividad de los recursos: el índice mediante el cual se calcula la eficiencia de la economía en el uso de materiales para producir riqueza es mayor que la media europea situándose con un 2,80 €/kg (la media europea se sitúa en un 2,04 €/kg). Sin embargo, la eficiencia en el uso de los recursos no se cumple en el ámbito de las pymes españolas y en este sentido, España se sitúa por debajo de la media a tenor de los resultados que indica el Small business act (SBA), una iniciativa marco general para el desarrollo de la política de la UE en relación a las pequeñas y medianas empresas.
• España tiene un borrador de Estrategia de Economía Circular para el 2030 aún pendiente de elaboración, si bien se realizó un plan de actuación para el 2018-2020 de economía circular al que se destinaron 632 millones de euros donde la reutilización del agua se llevaba el 57% de este presupuesto. El plan también quería armonizar los impuestos autonómicos lo que contribuiría a incentivar la aplicación de la jerarquía de los residuos, así como actualizar las normas en residuos de la construcción y demolición.
• Implicación de las Comunidades Autónomas (CCAA). Las CCAA se han mostrado activas a la hora de crear sus propias estrategias de economía circular. Las CCAA que ya que las han aprobado son: Andalucía, Cataluña, Extremadura y Madrid.  Más recientemente, Navarra adoptó el pasado 3 de abril la Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 y el  País Vasco la está ultimando. 
• Implicación de la sociedad civil: la sociedad civil juega un papel importante para contribuir al desarrollo de la economía circular tal como demuestra la adhesión de más de 300 entidades al Pacto por una economía circular. Habrá que ver si las intenciones y compromisos firmados pueden ser corroborados y cómo incidirán y se evaluarán sobre la realidad del día a día de cada una de las entidades firmantes.
• Etiquetado ecológico y certificaciones ambientales: En septiembre de 2018, España contaba con 30.488 productos y 232 licencias registradas en el sistema de etiqueta ecológica de la UE. Es, pues, el país más con más productos con dicha etiqueta de toda Europa, representando el 43,6% del total del etiquetado ecológico europeo. Es también el tercer país con mayor número de organizaciones registradas en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales (EMAS), con 821 organizaciones, por detrás de Alemania e Italia.
• En ecoinnovación, España ocupa el puesto número 16 en Europa, retrocediendo en 3 puestos respecto al 2013. Así pues, esta asignatura, que atañe al primer eslabón de la jerarquía de residuos, necesita de un fuerte empujón si realmente se quiere avanzar en la economía circular. Esta situación se explicaría por:
  • Barreras políticas y normativas, entre las que se remarcan la necesidad de armonizar normas y definiciones para todos los tipos de industrias. Y por otra parte se siente la falta de apoyo y de estímulo de los gobiernos en esta cuestión.
  • Falta de sensibilización ambiental entre proveedores y clientes, así como en las pymes.
  • Dificultad de acceso a la financiación privada por parte de las pymes dada la falta de financiación pública.
  • Barreras tecnológicas, de infraestructura y personal especializado.

Sin embargo, España sigue de cerca los avances en materia de diseño ecológico en el seno de la UE, sobre todo en el ámbito de la eficiencia energética, en el que presentó el segundo Plan Nacional de Eficiencia Energética para el que se ha marcado un objetivo del 24,7% para 2020, 4,7 puntos más por encima de los objetivos que demanda la propia UE.

• En la gestión de residuos municipales, España genera 462 kg de residuos municipales por año y habitante, es decir 25 kg menos que la media Europea, según indican las cifras de Eurostat. Sin embargo, el 54% de ellos va a vertedero. La incineración aumentó hasta un 13% en 2017 y el reciclado de materiales aumentó a un 18% (la media europea es del 29%) y se compostó el 15% (2 puntos por debajo de la media europea). Así pues, para llegar al objetivo de reciclado del 50% de los residuos municipales, España debe incrementar sustancialmente el reciclaje para superar el nivel del 34% actual, muy dispar, por otra parte, entre CCAA.

Por otro lado, España está bajo el punto de mira de la Comisión Europea porque sigue habiendo muchos vertederos ilegales, asunto sobre el cual ya hablamos en 2017 en un post anterior.

Si bien existe el Plan Estatal de Gestión de Residuos 2016-2022, la falta de instrumentos del cumplimiento limita a las autoridades nacionales a hacerlo efectivo, entre otras razones porque:

• Existe una brecha entre el nivel autonómico y local al no especificarse la contribución específica de las autoridades locales a la hora de aplicar la Directiva marco sobre los residuos.
• No existe ninguna obligación nacional de recoger separadamente los residuos de alimentación de los de jardinería, si bien existen propuestas por las obligaciones que impone al respecto la UE.
• La falta de una fiscalidad que ayude a desviar los residuos de vertedero e incineración hacia el reciclado y la valorización (a excepción de Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Navarra) por un lado, y, por el otro, el hecho que las tasas sobre los residuos a nivel local no estén vinculadas a la generación de los mismos, lo que hace que no se fomente lo suficiente la recogida selectiva y el reciclado.

Los avances se han dado en la introducción de planes específicos para los biorresiduos dentro de los planes de gestión de las CCAA; la ampliación de regímenes de responsabilidad ampliada del productor, como, por ejemplo, a través de la normativa para Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y algunas comunidades, como las Islas Baleares, ya han legislado sobre limitaciones a los artículos de plástico de un solo uso. En Navarra y en la Comunidad Valenciana también se lo plantean.

• En cuanto al cambio climático, cabe destacar que España no superó las asignaciones anuales de emisiones (AEAs) durante el periodo 2014-17, y es probable que tampoco llegue a conseguirlo para 2020, si bien pone en duda que se reduzcan un 26% respecto al 2005 para el 2030, por lo que el informe requiere que se hagan esfuerzos adicionales en este sentido. España hizo también una Hoja de Ruta de los Sectores Difusos a 2020 para llevar a cabo un control sobre dichas asignaciones. Actualmente España ya trabaja para los objetivos 2030-2050.

Por otro lado, con la convocatoria de elecciones, se ha parado la tramitación de la ley sobre Cambio Climático y Transición Energética que ha quedado, por ahora, como anteproyecto de ley. Veremos qué ocurre con ella después de las elecciones. Anteriormente se había redactado la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020.

Respecto a la adaptación al cambio climático, España realiza, desde 2006, distintos informes sobre diagnóstico y medidas a tomar a nivel sectorial. El informe objeto de este artículo se había quedado en la presentación de la tercera actualización realizada en 2013, aunque en 2018 realizó la cuarta actualización, en la que también se incluyen unas fichas de seguimiento de los trabajos realizados en este campo en las distintas CCAA.

El informe también señala los esfuerzos que España realiza para la promoción de la compra de vehículos eléctricos, si bien también alerta que en España han aumentado las emisiones de transporte un 8% entre 2013 y 2016.

En cuanto a la capacidad de absorción de emisiones de gases de efecto invernadero por los bosques y agriculturas realizados según indicadores del Protocolo de Kioto, España contribuye con un 10, 5% anual del sumidero medio de la UE durante el periodo 2013-16.

Con todo este panorama, el informe emite los objetivos a desarrollar por España para lograr una economía circular eficiente en el uso de los recursos, ecológica, competitiva e hipocarbónica, por lo que se indica que, para el 2019, se debería:

• Completar, adoptar y aplicar la Estrategia de Economía Circular.
• Introducir un impuesto nacional sobre los vertederos o armonizar impuestos de las CCAA para eliminar gradualmente el desvío de los residuos hacia vertedero y redirigirlos para su reciclabilidad o su valorización.
• Mejorar y ampliar la recogida selectiva de los residuos, incluidos los biorresiduos.
• Introducción del pago por generación de residuos en los municipios para cubrir los costes de la recogida y el tratamiento de los mismos.
• Mejorar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
• Las CCAA deben completar los planes de gestión de residuos para que lleguen a todo el territorio del Estado español.
• Cerrar y rehabilitar los vertederos que no tengan carácter prioritario.
• Aumentar la coherencia entre las políticas energéticas y climáticas y vincularlas a temas relacionados como agricultura, naturaleza y el agua, por un lado, y transporte, aire y salud por el otro lado.

Pueden acceder al informe completo en este enlace.