Aprobada la Ley de Economía Circular de Andalucía

El Parlamento andaluz dio luz verde ayer a la nueva Ley de Economía Circular, que facilitará la reutilización de los residuos regulando su reintroducción en los ciclos productivos.

El Pleno del Parlamento de Andalucía dio luz verde ayer a la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA). Una ley municipalista para, tal y como explicó el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, “mitigar el cambio climático, seguir construyendo un futuro más verde y continuar avanzando en el progreso económico y social de nuestra tierra”.

La Ley andaluza de Economía Circular va a facilitar la reutilización de los residuos regulando su reintroducción en los ciclos productivos, lo que conlleva una menor extracción de las materias primas, menos residuos en los vertederos y una disminución del impacto ambiental, además de reducir los gastos de producción.

Así, además de abrir nuevas oportunidades de empleo verde a través de nuevos modelos de emprendimiento, también es un escudo protector clave para la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad de Andalucía.

Esta normativa integra a las entidades locales, al sector privado y al conjunto de la sociedad. Entre otras cuestiones, tal y como desgranó el consejero, va a permitir aplicar este modelo a todo el tejido empresarial andaluz sin medidas restrictivas, dotándole de seguridad jurídica para que no pierdan en competitividad ni la ruptura de unidad de mercado a nivel nacional.

A nivel local, Fernández-Pacheco destacó que “los ayuntamientos son un eslabón fundamental en la lucha contra el cambio climático” y, por ello, desde la Administración se ofrecen ayudas para que las entidades locales elaboren e implanten instrumentos de planificación de gestión de residuos, para lo que se destinan 43 millones de euros.

Por último, el consejero de Sostenibilidad agradeció a las empresas, entidades, agentes sociales, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ayuntamientos, tejido asociativo y comunidad universitaria, entre otros colaboradores, por “una activa participación en las distintas fases del anteproyecto, así como durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.