Aprobado el acuerdo provisional sobre el paquete de residuos de la UE

La nueva normativa establece los plazos y objetivos de reciclaje y reducción del vertido, que serán vinculantes para los Estados miembros.

Los representantes permanentes de los Estados en el Consejo de la UE aprobaron el pasado viernes el acuerdo provisional sobre las cuatro propuestas legislativas del paquete residuos alcanzado con el Parlamento Europeo el pasado 18 de diciembre de 2017. El paquete de residuos impulsará el reciclaje de los residuos y contribuirá a la creación de una economía circular. Permitirá mejorar la gestión de los residuos así como fomentar la reutilización de materiales.

La nueva normativa establece los plazos y objetivos vinculantes de reciclaje de residuos y de reducción del vertido. Estos objetivos buscan incrementar la media de residuos municipales y residuos de envases reciclados.

Así, los Estados miembros aprobaron los siguientes objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje de residuos municipales:

Los países de la UE tendrán también que implementar, para el 1 de enero de 2025, la recogida separada de textiles y residuos peligrosos de origen doméstico. Además, deberán asegurar, para el 31 de diciembre de 2023, la recogida selectiva de biorresiduos –materia orgánica– o su reciclaje en el punto de origen (por ejemplo, mediante compostaje doméstico). Esto se suma a la recogida separada que ya existe para papel y cartón, vidrio, metales y plásticos.

Respecto a los residuos de envases, los objetivos específicos son los siguientes:

Estos objetivos pretenden fomentar también el uso de envases reciclables y reutilizables

El paquete de residuos establece igualmente los requerimientos mínimos para todos los programas de responsabilidad ampliada del productor. Así, bajo estos programas, los productores –principalmente fabricantes y distribuidores– deben responsabilizarse, mediante la correspondiente contribución financiera, de la gestión de los residuos derivados de sus productos. Además, se introduce en la legislación de la UE la obligatoriedad de contar con programas de responsabilidad ampliada del productor para todo tipo de envases.

Reducción del vertido

El vertido de residuos provoca la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas el suelo y el aire. Por tanto, la nueva legislación incluye objetivos específicos de reducción del vertido. Los Estados miembros deberán esforzarse para asegurar que, a partir de 2030, todos los residuos susceptibles de ser reciclados o recuperados, en particular los residuos municipales, no sean aceptados en los vertederos. La única excepción será la de aquellos residuos para los cuales el vertido es la mejor solución desde el punto de vista ambiental. Además, los países de la UE deberán asegurar que en 2035 la cantidad de residuos municipales enviados a vertedero se reduce a un 10% o menos del total de residuos municipales generados.

Se busca asegurar que los materiales valorizables son reutilizados, reciclados y reintroducidos en la economía europea

En general, los Estados miembros consideran que estos objetivos crearán el escenario necesario para que la industria europea invierta en nuevas técnicas y tecnologías de reciclaje.

La revision de esta legislación aborda problemas ambientales con implicaciones transnacionales, como el impacto de la gestión inadecuada de residuos en las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y el abandono de basura. Se busca asegurar así que los materiales valorizables contenidos en los residuos son efectivamente reutilizados, reciclados y reintroducidos en la economía europea, lo que ayudará a avanzar hacia una economía circular en la que los residuos son progresivamente utilizados como recursos, creando al mismo tiempo nuevas oportunidades económicas. Esto ayudará a reducir la dependencia de la importación de materias primas de la UE, fomentando el uso prudente, racional y eficiente de los recursos naturales.

Ahora que los representantes permanentes del Consejo han aprobado el acuerdo provisional alcanzado entre la Presidencia Estonia y el Parlamento Europeo el pasado 18 de diciembre de 2017, la normativa se someterá a votación en la Eurocámara, y posteriormente se enviará al Consejo de la UE para su adopción final. Entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial.