Los gestores andaluces de RCD denuncian la connivencia de muchos ayuntamientos con las prácticas ilegales

AGRECA afirma que buena parte de los ayuntamientos siguen permitiendo e incluso promoviendo escombreras irregulares que se acaban convirtiendo en vertederos ilegales e incontrolados.

Más del 60% de los ayuntamientos de Andalucía carecen de ordenanza municipal de residuos de construcción y demolición (RCD) e incumplen de forma sistemática la normativa que les obliga a dotarse de esa herramienta. Se han convertido así en “cooperantes necesarios para la comisión de delitos ambientales por parte de empresas y gestores ilegales de residuos de construcción”, tal y como apuntó el presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de residuos de Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA), José J. Jiménez Portela, durante el acto de apertura de su Asamblea Anual, celebrada el pasado viernes en Sevilla.

Con estas palabras la patronal andaluza de valorización y reciclaje de RCD critica la permisividad con las prácticas ilegales que proliferan por todo el territorio andaluz. «Buena parte de los ayuntamientos siguen permitiendo, cuando no promoviendo ellos mismos o utilizándolos, acopios indefinidos de escombros de obras que se acaban convirtiendo en vertederos ilegales e incontrolados que luego deben ser eliminados a costa del dinero de los contribuyentes», dijo el presidente de AGRECA.

El incumplimiento generalizado de la Ley, especialmente del RD 105/2008, y la falta de ordenanzas municipales, o la no inclusión de los escombros no domiciliarios en estas, son la base del problema y el origen de buena parte de estos vertederos incontrolados.

En el acto inaugural, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, resaltó la importancia de propiciar, lo antes posible, el reconocimiento del fin “de la condición de residuo para el árido reciclado”. Este cambio normativo, permitiría que los productos generados por las plantas de reciclaje de RCD se pongan en el mercado con las garantías necesarias para su uso como árido de construcción y que se conviertan en un agente activo en los procesos de compra verde, con el consiguiente ahorro en el consumo de materias primas de origen extractivo.

El reconocimiento del fin de la condición de residuo para el árido reciclado permitiría su puesta en el mercado con garantías

Martínez Vidal animó a los empresarios reunidos, todos ellos propietarios de plantas de pequeñas y medianas empresas, a perseverar en los esfuerzos que vienen realizando en los últimos años por mantener su actividad a pesar de las dificultades evidentes en estos años como consecuencia de la falta de sensibilidad ambiental en materia de reciclaje. Si bien, gracias al trabajo de algunas administraciones y de estos empresarios,se ha continuado avanzando en la valorización de RCD.

Vertederos ilegales

Pero sin duda, una de las cuestiones transcendentales abordadas en la asamblea fueron los grandes vertederos ilegales, utilizados por empresas de todo tipo para enterrar lo que la ley determina que debe ser entregado a un gestor autorizado. También en este caso los ayuntamientos se sitúan en el origen del problema. La no solicitud de fianza al promotor–poseedor del residuo, hace que muchos gestores irresponsables entreguen los escombros a un gestor ilegal, ante la no obligación de presentar los correspondientes albaranes de entrega del residuo a una planta autorizada de gestión de RCD.

En este sentido, cabe recordar que denuncias realizadas por parte de AGRECA alertando de prácticas irregulares en el tratamiento de RCD han dado lugar en buena parte de los casos a la apertura de expedientes sancionadores. Son recientes casos de tal envergadura como el del vertedero de Nerja (Málaga), considerado hasta ahora el mayor golpe a la gestión irregular de los residuos en España. O el reciente incendio de la planta de Recinor, en Córdoba, que también ha destapado una gestión irregular de la que ya había alertado AGRECA.

Desgraciadamente estos no son casos aislados. En Andalucía se contabilizan alrededor de un centenar grandes vertederos que practican una gestión irregular de residuos, básicamente consistente en recepcionar residuos de construcción y demolición que son directamente enterrados o abandonados, percibiendo dinero y por tanto ejerciendo una competencia desleal por dicha gestión, todo ello además sin las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo ese tipo de actividad.

En Andalucía se contabilizan alrededor de un centenar grandes vertederos que practican una gestión irregular de RCD

AGRECA busca abordar precisamente esta realidad y la falta de implicación por parte de los ayuntamientos con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). La reciente apertura de una fase de modificación del Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, propicia un marco idóneo para retomar el compromiso y el grado de implicación que deben asumir los ayuntamientos en el control del tratamiento de RCD para lograr una transformación total, ya en marcha, que propicie que estos dejen de considerarse meros residuos y puedan convertirse en recursos con multitud de posibilidades.

Residuos reciclables casi al 100%

La gestión correcta de los “escombros” o residuos de construcción y demolición (RCD) es una de las principales asignaturas pendientes para la mayoría de los municipios andaluces. Un aspecto importante es el volumen de este material; la construcción es el sector que más residuos genera, tras los urbanos, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada por habitante y año.

Los RCD suponen, en el ámbito europeo, el 30% de los residuos que se generan, siendo reciclables en porcentajes cercanos al 100%. La nueva legislación europea en la materia supone un cambio “radical” en la concepción de la gestión de los residuos, orientándose a la economía circular y potenciando la reutilización.

La nueva normativa, que debe ser traspuesta a la legislación de todas las comunidades, establece que, en 2020, al menos el 70% de todos los residuos de construcción y demolición serán sometidos a procesos de valorización y reutilización, disminuyéndose el consumo de áridos naturales y el consiguiente impacto ambiental y consumo de energía en su extracción y elaboración. También fijará como objetivo la lucha contra los operadores ilegales y el fomento de la compra verde y una fiscalidad ambiental adecuada.

La Ley insta a las municipios a tener una ordenanza municipal que regule la producción de residuos en las obras

RCD y administraciones locales

Es constante en muchos ayuntamientos, desde hace años, la falta de control de los residuos de construcción, siendo numerosas las denuncias que tramita la Junta de Andalucía, la mayoría de las cuales, terminan con sanciones a las instituciones locales. La Ley, en lo relativo a las competencias administrativas de las entidades locales, insta a las municipios a tener una ordenanza municipal que regule la producción de residuos en las obras, obligando al productor o poseedor de un residuo a que proceda adecuadamente a su correcta gestión.

Existe igualmente el deber de constituir un aval o garantía equivalente a depositar ante el Ayuntamiento donde se ejecute la obra y cuyo objetivo es garantizar la correcta gestión de los RCD. Esta fianza se recupera una vez que el gestor entrega al constructor el certificado de haber recogido, gestionado y valorizado correctamente los escombros.

Los productores de RCD además están obligados a incluir en los proyectos básicos y de ejecución un estudio de gestión de residuos (EGR) en el que se acredite la correcta trazabilidad y gestión de los RCD generados, y su destino a valorización.

Cambio en la presidencia de AGRECA

En el transcurso de la asamblea anual de AGRECA, además de estos asuntos y otros de importancia para el sector, se procedió al relevo, a petición propia, del presidente José Jiménez Portela, cargo que, en adelante ocupará Pedro de Toro, elegido por consenso de todos los asociados a propuesta del anterior presidente, quien, en cualquier caso, seguirá representando a Andalucía en la Federación RCDs, (Federación Española de Asociaciones territoriales de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición), en calidad de presidente y representante de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.