Canarias invertirá 11 millones de euros en el sellado y restauración de vertederos

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenaba a España por incumplir la normativa europea sobre residuos reflejaba que en Canarias había 24 vertederos sin clausurar.

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informó recientemente en el Parlamento canario de la evolución del plan de sellado y restauración de vertederos ilegales, que supondrá para el Ejecutivo autonómico una inversión de más de 11 millones de euros.

Nieves Lady Barreto aclaró que se trata de antiguos vertederos municipales de residuos sólidos urbanos que, ya fuera de servicio, no fueron objeto de clausura y sellado por parte de la administración responsable. Se originaron cuando el tratamiento de estos residuos no estaba aún insularizado en los complejos ambientales de cada isla ni existía legislación específica en esta materia.

Recordó, igualmente, que el pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso fin a un proceso sancionador abierto en 2006 por la UE dictando sentencia condenatoria a España por el incumplimiento de la normativa de residuos.

Dicha sentencia reflejaba en Canarias 24 vertederos de residuos sólidos urbanos, que en 2015 se encontraban sin sellar, sin proyecto redactado y sin convenio con los respectivos ayuntamientos para poder intervenir.

«Dos años después, la situación ha avanzado notablemente: tres vertederos ya han sido clausurados y sellados, otro se encuentra actualmente en obras y otros han quedado fuera del procedimiento al justificarse con las pruebas oportunas que estaban ya clausurados a fecha de la sentencia», aclaró la consejera.

«Por tanto, los esfuerzos del Gobierno de Canarias se centran actualmente en 17 vertederos que, a día de hoy, ya cuentan con su correspondiente proyecto de sellado y restauración –con excepción del vertedero de El Altito, en La Gomera, que está en proceso de redacción– y el necesario convenio de cesión con los respectivos ayuntamientos, paso imprescindible para que la Consejería de Política Territorial pueda actuar», explicó.

Tal y como indicó Barreto, las obras a ejecutar se han distribuido entre la Dirección General de Protección de la Naturaleza y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (antes APMUN) en función de la titularidad del suelo y de si hubo o no infracción a la Ley de Residuos de Canarias durante los últimos años de actividad del vertedero.

Próximos proyectos

Las proyectos más próximos a comenzar, que se pondrán en marcha en las próximas semanas, son los de Barranco Seco y Barranco del Carmen, en La Palma, con un presupuesto conjunto de 2.989.106 euros, y las del Faro de Orchilla en El Hierro, con 490.937 euros. Además, se encuentra muy avanzado el proceso de adjudicación de las obras en Los Llanillos, también en El Hierro, presupuestadas en 226.500 euros. Todas ellas a ejecutar por la Dirección General, tal y como señaló la consejera, al tiempo que recordaba que los trabajos de sellado y restauración de Montaña del Tesoro (El Hierro) ya están a punto de finalizar.

En cuanto a las once obras que debe ejecutar la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (antes APMUN), Nieves Lady Barreto informó de que en todos los casos se han incoado y resuelto ya los procedimientos de reposición de la realidad física alterada, excepto en La Colmena (Tenerife) y el Altito (La Gomera).

«Trabajamos con la consideración de que todas las obras, tanto de la Dirección General como de la Agencia, se finalicen en el ejercicio 2018, que es límite temporal que nos hemos fijado», aseguró Barreto.

La Agencia dispone en este ejercicio de un millón de euros transferidos desde la Dirección General para iniciar las actuaciones.

«El Gobierno de Canarias invertirá más de 11 millones en la ejecución del plan de sellado de los 17 vertederos de residuos sólidos afectados por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Si bien, tal y como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, el importe final de las obras se repercutirá sobre las administraciones titulares o responsables de los vertidos», recordó la consejera.