Cataluña deroga las fianzas para las actividades de residuos no peligrosos

La iniciativa pretende así paliar los efectos económicos negativos de la pandemia del COVID-19 en el sector de la producción y gestión de residuos.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó la semana pasada el Decreto Ley 13/2020 por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalitat. En su artículo 5, junto con la disposición adicional sexta, este Decreto incorpora medidas para paliar los efectos de la pandemia en el sector de la producción y gestión de residuos, al regular el derecho de las personas que no estén obligadas a tener esta fianza en el ámbito de la gestión de residuos a solicitar su devolución a la Agencia de Residuos de Cataluña, medida que coadyuvará a hacer frente a los agravios económicos que puedan haber sufrido a causa de la pandemia.

Esto implica que las actividades de gestión de residuos no peligrosos quedan exentas de depositar fianza de forma permanente, sin perjuicio de que deban disponer de una póliza de seguro para responder de los daños y perjuicios ocasionados y para regenerar los recursos naturales o los espacios degradados. La fianza se mantiene en el caso de que una normativa específica lo determine, como es el caso de los depósitos controlados de residuos.

La Agencia de Residuos de Cataluña está habilitando el procedimiento telemático, vía el Sistema Documental de Residuos, para solicitar el retorno de la fianza de forma total (gestores exclusivamente de residuos no peligrosos) o parcial (gestores de residuos no peligrosos y de residuos peligrosos). Este procedimiento cuando esté operativo será debidamente informado en la web y el Sistema Documental de Residuos.

A las actividades de gestión de residuos no peligrosos que estén en trámite de licencia o autorización ambiental no se les exigirá fianza en acuerdo a este Decreto Ley vigente. Igualmente también se aplicará en aquellos casos de actividades de gestión de residuos no peligrosos que estén tramitando alguna modificación que hubiera comportado el establecimiento de una fianza.