Cataluña aprueba una ley contra el desperdicio alimentario

La nueva normativa, que pretende reducir en un 50% el desperdicio de alimentos, prevé, entre otras medidas, obligar a los restaurantes a que faciliten a los clientes la posibilidad de llevarse la comida no consumida.

El Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios en Cataluña. La ley, que pretende ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de hambre cero, se propone reducir en un 50% el desperdicio de alimentos en 2030.

Se trata de una normativa pionera en Europa porque a diferencia de la ley francesa o italiana, prioriza la prevención en origen frente a la redistribución de los excedentes, y lo hace a lo largo de toda la cadena alimentaria.

La nueva ley impone una serie de obligaciones a todos los agentes de la cadena alimentaria, con el correspondiente régimen sancionador. Entre otras, las empresas de la cadena alimentaria, las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se dediquen a la distribución de alimentos estarán obligadas a:

• Disponer de un Plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
• Medir e informar anualmente sobre los niveles de generación de pérdidas y desperdicio de alimentos
• Aplicar la jerarquía de prioridades en cuanto el destino de los excedentes:
  • primer destino, la alimentación humana,
  • si esto no es posible, la alimentación animal,
  • si tampoco es posible, a compostaje u otros usos técnicos.

El cliente se llevará la comida que no se acabe

El texto también establece deberes específicos a las empresas del sector de la restauración y la hostelería, entre los que destacan:

• Facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido, e informar de esta posibilidad de manera clara y visible en el mismo establecimiento, preferentemente en la carta o el menú.
• Utilizar envases que sean aptos para el uso alimentario, reutilizables, compostables o fácilmente reciclables, y admitir que el consumidor lleve su propio envase.

Derroche en las administraciones públicas

Además la nueva normativa impone a la Administración pública y al resto de entidades del sector público la obligación de:

• Incorporar en los contratos públicos y los convenios de gestión de servicios relacionados con la gestión de alimentos, cláusulas para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentarios.
• Recoger y analizar los datos de las pérdidas y el desperdicio alimentarios y elaborar un Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios.

El Gobierno, con la colaboración del Consejo Catalán de la Alimentación, deberá elaborar también un Plan estratégico.

Otro aspecto importante a destacar es la Regulación de espigar como una actividad complementaria y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo prevenir las pérdidas alimentarias en la producción primaria. En breve se publicará una Guía.

El despilfarro en Cataluña

En Cataluña, según datos de 2010, el desperdicio alimentario en los hogares, comercios al por menor y la restauración fue de 262.471 toneladas anuales. Esto significa que cada catalán derrocha 35 kilos de comida al año, equivalente a un 7% de los alimentos adquiridos.