El Gobierno catalán exige el blindaje de su canon al vertido y la incineración en la futura ley estatal de residuos

La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, defiende el carácter finalista del impuesto catalán, que permite financiar subvenciones e infraestructuras para mejorar la gestión de los residuos.

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, reclamó el pasado martes en el Parlament que el Proyecto de ley estatal de residuos, que se tramita actualmente en el Senado, blinde el canon catalán sobre el vertido y la incineración de residuos. La consellera explicó que el redactado inicialmente aprobado en el Congreso de los Diputados en diciembre pasado elimina «un instrumento esencial como es el canon catalán de residuos, que la propia ministra Ribera ha reconocido en numerosas ocasiones como caso de éxito».

«No podemos entender -añadió Jordà- cómo, para equiparar y homogeneizar todos los territorios del Estado, se equipare a Cataluña con el resto, con todos aquellos que no han hecho el trabajo. Es decir, su inacción durante diez años no puede resolverse a expensas de los catalanes y las catalanas». Por ello, la consellera alentó a diputados y diputadas, y a sus partidos políticos, a contribuir «de forma activa y decidida» a blindar el canon en la futura ley.

El Proyecto de ley de residuos propone un impuesto estatal que, al contrario que el canon catalán, no tiene un carácter finalista. En el caso de Cataluña, «supone retroceder en un camino que ya hace años que trazamos, con el peligro de que esto suponga un efecto desincentivador para el mundo local, de forma que se pare la progresión de crecimiento para alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de reciclaje y ahorro del depósito de residuos» , expuso la consellera, que añadió que el mismo efecto puede tener en la industria y la construcción.

«No nos oponemos en ningún caso a la creación de un impuesto en el Estado español que permita cubrir las necesidades existentes -afirmó Jordà-, pero sí que deje fuera aquellos territorios que ya tenemos una herramienta fiscal útil en funcionamiento, modelo de fiscalidad ambiental pionero, óptimo y positivo, nacido de un gran consenso político y social en Cataluña».

Impuesto finalista e incentivador

El canon catalán de residuos funciona desde hace diecisiete años, con un retorno directo al que lo paga. En el caso de los residuos municipales, lo abonan los ayuntamientos por cada tonelada de fracción resto (la que no se recoge de forma selectiva) destinada a los vertederos o a las incineradoras, permitiendo financiar infraestructuras de gestión de residuos y equilibrar los costes de gestión de la recogida selectiva.

Igualmente, los cánones de residuos industriales y de la construcción devuelven íntegramente a los sectores en forma de subvenciones y actuaciones específicas, favoreciendo así la prevención de la generación, la valorización de los residuos y el impulso de la actividad económica.

Por eso la consellera explicó que «no se puede entender el éxito alcanzado en la recogida selectiva en Cataluña sin este instrumento, que no tiene solo carácter recaudatorio, sino que hace un retorno finalista del dinero recaudado».

Además, recordó que los recursos derivados de los cánones no solo son para quien los han pagado, sino que el destino se decide en las juntas del canon, donde todos los sectores están representados.

Jordà continuó su defensa del impuesto catalán explicando que «estamos hoy en Cataluña, gracias fundamentalmente al canon, en unos niveles de recogida selectiva del 46%, cuando en 2004, año de inicio de la aplicación de este canon, estábamos en un 30% «. «Es más -añadió-, la progresión del canon en los próximos años incentiva a que los municipios y todo el sector productivo se esfuercen de forma explícita hacia la mejora de sus sistemas de recogida y de gestión de residuos para lograr, en 2035, un reciclaje del 65% de los residuos municipales que se produzcan y que no vaya a disposición más del 10%».