Clausura del #wasteinprogress: Las instituciones coinciden en que la nueva ley de residuos debería penalizar más a los municipios que no reciclan

La última jornada del Foro Internacional de Gestión de Residuos contó con representantes de la Comisión Europea, Ministerio y de seis comunidades autónomas para abordar los retos en la recogida selectiva de biorresiduos.

La 4ª edición del Foro Internacional de Residuos #wasteinprogress de Girona cerró el pasado viernes después de tres días de congreso donde se debatió el papel de la fracción orgánica en los nuevos modelos de recogida de residuos. El evento, organizado por Fira de Girona, finalizó con una jornada con representantes de la Comisión Europea, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Agencia Catalana de Residuos de la Generalitat de Catalunya y de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón. La Comisión Europea ha alertado que España está por debajo de la media europea en el reciclaje y que debe utilizar menos el vertedero y el Ministerio considera que con la nueva ley y con los fondos Next Generation podrán revertir la situación. Las seis comunidades autónomas presentes coincidieron, en un debate, en que la nueva ley de residuos debería penalizar más a los municipios que no reciclan.

El #wasteinprogress ha contado con la asistencia total de 1.500 personas, el récord en cuatro ediciones, y también ha tenido el testimonio de regiones y ciudades como Flandes (Bélgica), Enschede (Holanda), Swansea (Gales), Bérgamo, Brescia, Milán y Cagliari (Italia), Copenhague (Dinamarca), Pontevedra, Pamplona, ​​Barcelona y ​​Lleida. Para Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, la valoración «es muy positiva, estamos muy contentos y ha sido la edición más exitosa. Queda demostrado que es un congreso de referencia a nivel español. Hemos tenido ponencias internacionales de alto nivel y han sido espectaculares las sinergias y los intercambios de conocimiento. Cada vez tenemos más demanda de empresas y asistentes».

«España tiene margen para conseguir los objetivos»

Caterina Savelli, miembro de la unidad ‘De los residuos a los recursos’ en la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, alertó de que «España utiliza el vertedero más de lo recomendable y está lejos del objetivo. Ha mejorado el reciclaje de papel, cartón, plástico y vidrio desde 2016, pero está por debajo de los objetivos de obligado cumplimiento que había para 2020 y tiene muy alto riesgo de no alcanzar los objetivos que se marcan para 2025. Pero para conseguirlo tiene margen».

España todavía no ha alcanzado los objetivos de 2020 y podría ser sancionada con elevados importes. En el ámbito general, Savelli consideró que «hay que mejorar la recogida selectiva, hay muchos bioresiduos en la fracción resto, y los sistemas de pago por generación no están muy implantados». Savelli recordó que en los próximos años habrá la obligatoriedad de separar más flujos: papel, metal, plástico, vidrios y biorresiduos en 2023, y textiles y residuos domésticos peligrosos como aceites de motor y baterías en 2024. Cree que para mejorar los porcentajes «es necesario disminuir los residuos mediante diferentes medidas, como aumentar la concienciación, evitar que los ciudadanos se sientan confusos cuando van al contenedor y alentar con incentivos a municipios y ciudadanos, como el pago por generación».

Margarita Ruiz, subdirectora general de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, explicó la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que introduce la obligatoriedad de la recogida selectiva de residuos y modelos a través de incentivos y penalizaciones. La novedad de esta ley respecto a las anteriores radica en la incorporación de dos impuestos, obedeciendo las directrices de la Comisión Europea, que se aplicarían a partir de enero de 2023: por un lado, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables (0,45 €/kg) y, por otro, el impuesto al vertido, incineración y coincineración de residuos (tipo máximo 40 €/t).

Ruiz recordó que en 2018 la Comisión Europea marcó cuáles eran las carencias en la gestión de residuos municipales y que «con la ley y las nuevas normativas hemos dado un primer paso para cambiar el modelo de residuos e implantar las primeras recomendaciones. Tardaremos algunos años en mejorar la tasa, pero hemos empezado a realizar el cambio. Gracias a los fondos Next Generation disponemos de recursos para mejorar la gestión de los residuos municipales en España. Nos encontramos en una situación propicia y no podemos desperdiciarlo».

En cuanto a la situación de la gestión residuos municipales, en 2019 España llevaba a cabo el reciclaje en un 38% y La Rioja, Navarra, Catalunya y la Comunidad Valenciana «son las comunidades autónomas que están más cerca de cumplir o que ya han cumplido el hecho de llegar al 50%».

Isaac Peraire, director de la Agencia de Residuos de Catalunya de la Generalitat, presentó la Ley de prevención y gestión de los residuos y de uso eficiente de los recursos de Catalunya, con el objetivo de que se apruebe en el Parlamento en el primer semestre de 2023: «Pivota en la economía circular y en la gestión del residuo cero, incluyendo también medidas de prevención, gestión eficiente de los residuos y responsabilidad del productor. Priorizamos la prevención (cuyo mejor residuo es el que no se genera) y la utilización de materiales adecuados (con bolsas y fundas compostables)».

Peraire recordó que se cumplen 25 años de la recogida de orgánica y tratada separadamente y que en Catalunya hay cerca de 300 municipios que utilizan el puerta a puerta y hay un centenar que se añadirán próximamente: «Ahora, es el momento de las grandes ciudades, ya hay algunas que están al lado de estas medidas. La alta eficiencia del reciclaje es el puerta a puerta, pero también trabajamos con modelos mixtos, como los contenedores inteligentes. Queremos ser más exigentes en cuanto al nivel de impropios en los biorresiduos: en 2025 no debería superar el 10% y en 2030 el 5%».

En un debate que contó con la presencia de seis comunidades autónomas, Sebastià Samsó, director general de Residuos y Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de las Islas Baleares, apostó por «legislar y que haya fiscalidad, una tasa justa, que existan incentivos y penalizaciones; quien contamina paga y quien no contamina no paga tanto».

Joan Piquer, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, expuso que la comunidad lidera los resultados de recogida en puntos limpios y se sitúa en posiciones líderes en cuanto a la recogida de biorresiduos en España. También es partidario de que haya una «fiscalidad» y «se elimine el anonimato. La materia orgánica debe ser más barata. Para incentivar es necesaria una fiscalidad variable. Hay muchos sistemas de reciclaje y hay que mirar cuál es el mejor para cada municipio. Los vertederos se llenan y nadie los quiere en su pueblo».

Cristina Aparicio, directora General de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, explicó que «empezamos hace pocos años, pero ya estamos contribuyendo con un porcentual importante de los residuos orgánicos que se recogen en España». Aparicio considera, sin embargo, que «hay que hacer una educación continua. Se pone el contenedor y se hace mucha campaña, pero debe ser constante. Se debe dar información al ciudadano de lo que se hará con la materia orgánica e incentivarlo. Todos los modelos son válidos; deben tener una viabilidad económica, social…».

María López Sanchís, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, también es partidaria de «legislar» y que exista una «fiscalidad en el marco jurídico. No creo en un modelo único, no se puede imponer el mismo a todos. La realidad territorial de Andalucía, junto a la implementación del puerta a puerta, permitirá que los resultados de la recogida de orgánica crezcan de forma rápida». Sanchís también confía en que los ayuntamientos «tomarán decisiones valientes».

Guadalupe Zárate, jefe del servicio de Planificación Ambiental del Gobierno de Aragón, cree que «con el nuevo método de contabilizar los residuos que impone Europa, las comunidades autónomas estaremos más lejos de alcanzar los objetivos marcados. Nosotros estamos para facilitar la tarea municipal, un modelo único no responde igual de bien en todos los sitios y debemos tener en cuenta que las realidades sociológicas son muy diferentes en los territorios».