El regulador apuesta también por introducir más incentivos a los sistemas de responsabilidad ampliada para ofrecer estímulos que ayuden a superar los objetivos mínimos de recogida.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha analizado el proyecto de Orden Ministerial por el que se desarrolla la plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la oficina de asignación de recogidas. (IPN/CNMC/015/19).
Si bien la Comisión valora positivamente el proyecto, ya que la existencia de una única plataforma abaratará y mejorará la calidad en la gestión de residuos y en la trazabilidad y la calidad de los datos, ofrece también algunas posibilidades de mejora del proyecto. Una de ellas es la de mejorar el sistema de recogida de RAEE, incluyendo las instalaciones, el control e inspección de las actividades ilegales y los programas de incentivos y sensibilización de los consumidores.
Igualmente, el regulador apuesta por introducir más incentivos a los sistemas de responsabilidad ampliada para ofrecer estímulos que ayuden a superar los objetivos mínimos.
Respecto a los costes de la plataforma electrónica, la CNMC propone que estos sean soportados íntegramente por los productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en aplicación del principio de que “quien contamina paga”. Y en cualquier caso, aconseja justificar mejor la financiación pública prevista para la plataforma y valorar este apoyo desde la óptica de ayudas de Estado.
Adicionalmente, desde el punto de vista de promoción de la competencia, la CNMC considera que debe reforzarse la justificación del margen de error admitido en el pesaje de los RAEE. También propone adelantar la fecha de la implementación total de la plataforma electrónica y justificar las diferencias existentes entre los distintos operadores en las fechas de incorporación obligatoria a la plataforma electrónica.
Por último, la CNMC apuesta por mejorar la fundamentación del plazo de conservación de los datos de la plataforma electrónica así como las obligaciones de información de las Administraciones Públicas a terceros en materia de RAAE.
En cualquier caso, el regulador considera que la regulación de los residuos está fundamentalmente encaminada a proteger determinados intereses generales específicos, en particular la salud pública y la conservación del medio ambiente, lo que puede requerir regulaciones que restrinjan la competencia. Tales restricciones, asegura la CNMC en un comunicado, están perfectamente justificadas cuando son necesarias y proporcionadas para proteger intereses generales.