¿Son los contenedores inteligentes una alternativa real?

Maria Calaf Forn. 

ENT. 

Algunos municipios empiezan a apostar por este tipo de contenedores que permiten la identificación del usuario, si bien están lejos de alcanzar los resultados de recogida selectiva logrados con el sistema puerta a puerta.

Cuando hablamos de contenedores inteligentes estamos hablando de contenedores de acera (presentes en la vía pública) a los que se ha instalado un sistema de identificación del usuario, a través del cual, el ciudadano y/o comercio debe o puede identificarse para depositar sus residuos. Existen dos modalidades principales: contenedores cerrados y, por tanto, en los que la identificación es obligatoria; o bien contenedores abiertos en los que solo aquellos usuarios que quieren se identifican y dejan registradas sus entregas. En la primera modalidad, la apertura se produce mediante una tarjeta electrónica RFID asignada al usuario o mediante el teléfono móvil (con tecnología NFC), o incluso mediante el escaneo del código de barras identificativo del usuario, impreso sobre la bolsa de basura que va a depositar. En la segunda modalidad, la voluntaria, la identificación se produce cuando el usuario escanea el código o lee el chip que hay en los contenedores mediante su teléfono móvil.

La modalidad que se ha demostrado, por el momento, que tiene implicaciones cuantitativamente medibles en los resultados de recogida selectiva es la identificación obligatoria, que alcanza niveles de recogida selectiva de 10 a 20 puntos por encima de los niveles iniciales. En el momento en que el usuario pierde el anonimato, automáticamente se consiguen cambios de hábitos que mejoran los resultados. En conjunto, estos sistemas suelen alcanzar porcentajes de recogida selectiva de entre el 50% y el 70%.

Ahora bien, para alcanzar estos resultados es necesario un buen diseño del sistema: aparte de elegir la tecnología que presenta más robustez y menos problemas tecnológicos y de mantenimiento, es clave escoger qué fracciones se cierran y monitorizan, así como los días de apertura semanales por fracción.

Las fracciones que se suelen monitorear son la fracción resto, que es la que más se desea reducir; y la fracción orgánica, que es la más importante de separar y sobre la que queremos garantizar niveles bajos de impropios. Para la fracción resto se suele permitir la apertura de uno a tres días a la semana, preferiblemente uno; y para la orgánica de cuatro a siete días.

Otros aspectos relevantes para conseguir un buen funcionamiento e implicación de la ciudadanía suelen ser: una buena campaña de comunicación, asegurar el reparto de tarjetas a todos los ciudadanos previo al inicio, efectuar una fase de prueba piloto para que los usuarios se vayan acostumbrando, poner a disposición del usuario una App que visualice en tiempo real el comportamiento del ciudadano o comercio y permita efectuar consultas o peticiones (por ejemplo, la solicitud de recogida de voluminosos) y reportar incidencias detectadas, entre otros.

Sin embargo, en esta modalidad el riesgo de fraude aumenta frente a la opción voluntaria y, por tanto, hay más probabilidad de encontrar bolsas en el suelo junto a los contenedores o de ver incrementado el turismo de residuos. No obstante, se dispone de herramientas y de información para atacar estos problemas: de entrada, el software recoge una gran cantidad de registros diarios, que permiten tener identificado quién tira, cuándo y qué fracción. Aquellos usuarios que no hacen uso de los contenedores son fáciles de detectar.

Por otra parte, en cuanto a la calidad del material depositado, se recomienda vincular cada usuario a uno o máximo dos contenedores de cada fracción. Esto permite tener identificados los usuarios que vierten en cada contenedor y si se detectara un elevado nivel de impropios en un contenedor, el abanico de usuarios a visitar quedaría bastante reducido. Todo ello acompañado de una buena ordenanza reguladora, que incluya un régimen sancionador, facilita que los usos fraudulentos del sistema se puedan reducir y controlar.

A nivel estatal, cada día son más los municipios que apuestan por este tipo de modelo, aunque las experiencias quedan concentradas, de momento, en pocas comunidades autónomas. Iniciándose en el País Vasco con el cierre del contenedor de orgánico (en San Sebastián), a posteriori Mancomunidades y municipios (Mancomunidades Sasieta, Debagoiena, Urola Medio, Urola Kosta, y municipios como Txingudi, Debabarrena, Urnieta, Irún y Hondarribia, entre otros) introdujeron el cierre del contenedor de resto junto al de orgánico. Por su parte, Pamplona ha realizado una prueba piloto de cierre de los contenedores de orgánico y resto a 20.000 habitantes, con intenciones de ampliar a 100.000 habitantes en 2021. En la Comunidad de Valencia, Alicante ha cerrado unos 300 contenedores de orgánico o, en Asturias, Gijón ha cerrado contenedores de resto y orgánico. Finalmente, en Cataluña es quizás donde están apareciendo más experiencias en los últimos meses: 3 municipios en la comarca de la Garrotxa, 3 en la comarca del Bages, 15 municipios de la Conca de Barberà, Dosrius (Maresme), entre otros y con varias pruebas en marcha. Y, en el horizonte, el compromiso de todos los municipios del área metropolitana de individualizar su recogida.

Para alcanzar aún mejores resultados se podría vincular la información recogida sobre el número de entregas de cada fracción con la tasa de residuos. Se podrían efectuar dos tipos de vinculaciones: la primera, aplicando un sistema de pago por generación, de modo que aquel usuario que tirara más cantidad de fracción resto (e incluso de fracción envases), más tuviera que pagar; y la segunda, aplicando bonificaciones a la tasa por uso del contenedor de fracción orgánica o de otras fracciones; o bien una combinación de ambas modalidades. Sin embargo, para la primera de las vinculaciones, haría falta al menos un contador del volumen o peso máximo depositado en el contenedor de fracción resto. Esto se lograría mediante la instalación de un receptáculo debajo de la tapa del contenedor, llamada cámara (o calotta), que tuviera un volumen máximo (normalmente de 20-30 litros) para limitar las entradas.

Todo lo expuesto no debería servir para justificar la implantación de estos sistemas por delante de los sistemas de recogida puerta a puerta. En contextos de densidad baja y media, el modelo de recogida puerta a puerta suele ser viable económicamente y con resultados de recogida selectiva más satisfactorios que los basados en el cierre de contenedores. Además, el modelo puerta a puerta, sin tanta tecnología, garantiza de manera natural la pérdida del anonimato, que también se puede ver reforzado con la introducción de chips identificativos del usuario en los cubos que se sacan a la calle.

Últimamente, se está apostando más fuertemente por estos modelos de cierre de contenedores. Es más cómodo políticamente no tener que justificar el cambio de modelo hacia puerta a puerta; poder seguir con el mismo servicio de recogida (o muy similar). Sin embargo, no deben perder de vista varios aspectos: se trata de un modelo todavía bastante nuevo, con pocas experiencias con suficiente rodaje en nuestro alrededor, con unos costes de inversión elevados (entre 350 y 1.400 € por contenedor) y también de mantenimiento, unos gastos en personal de gestión de los datos y de gestión del mantenimiento más elevadas, y posibles dificultades para encontrar la tecnología que encaje bien con el modelo de contenedores existente en el municipio, entre otros.

Además, los umbrales de recogida selectiva alcanzados están bastante por debajo de los alcanzados con el modelo de recogida puerta a puerta, lo que hará más difícil con el tiempo cumplir con los objetivos europeos de reciclaje mediante este tipo de modelo.

Fuente:
ENT