Los delitos ambientales ya son el cuarto negocio criminal del planeta

El tráfico y gestión ilegal de residuos es uno de los principales crímenes contra el medio ambiente, según recoge un informe de la ONU, que reclama una mayor implicación de Gobiernos y autoridades para luchar contra esta lacra.

Los delitos ambientales son una de las actividades criminales más lucrativas a nivel trasnacional. Su valor monetario alcanzó en 2016 entre 91.000 millones y 259.000 millones de dólares, siendo ya el cuarto crimen más rentable del mundo, después de las drogas, las falsificaciones y la trata de personas. Esto representa un incremento de 26% comparado con las cifras de 2014, y se espera que aumente entre un 5% y un 7% anualmente.

Así lo recoge un informe de 2016 de Interpol y ONU Medio Ambiente, según el cual las actividades ilegales que involucran al medio ambiente, la biodiversidad o los recursos naturales son muy lucrativas e implican un riesgo bajo para los criminales. Los delitos ambientales no han sido considerados como una prioridad en algunos países, lo que provoca una nula respuesta gubernamental.

Ahora, un estudio reciente de ONU Medio Ambiente, titulado “The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment” (El estado del conocimiento de los crímenes con graves impactos en el medio ambiente) hace una lista de las cinco áreas de delincuencia ambiental más frecuentes a nivel mundial.

Uno de esos apartados se refiere al tráfico y la gestión ilegal de residuos, que representa una pérdida de recursos estimada entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales.

Los vertederos ilegales y el comercio de residuos ha intensificado la contaminación global de los sistemas de aire, tierra y agua y amenaza los ecosistemas locales, afectando a los animales, las plantas y la salud humana. En este sentido, es especialmente preocupante el tráfico ilegal de residuos electrónicos, tanto por el valor de algunos de sus componentes, como por la peligrosidad de las sustancias presentes en muchos de ellos.

El tráfico de residuos se origina principalmente en los países desarrollados. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Australia son comúnmente identificados como los mayores exportadores de desechos ilícitos. Los principales continentes de destino del tráfico ilegal de residuos son África (Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Benín y Senegal) y Asia (China, Hong Kong, Indonesia, India, Malasia, Pakistán y Vietnam).

La producción y el consumo ilegal de clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y otras sustancias que agotan la capa de ozono también entran dentro de esta categoría. Estas sustancias afectan también al sistema inmune de los animales, creando vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas y reducen la productividad en las plantas y el fitoplancton.

Otros delitos ambientales

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), los delitos contra la vida silvestre son más frecuentes en África, Asía y América Latina, donde toda clase de especies –mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y plantas– están afectadas.

Respecto a la tala ilegal, la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal reportó en 2016 que esta ha afectado a todos los continentes y se ha extendido en todas las regiones tropicales como China, India y Vietnam, los tres mayores importadores de productos madereros tropicales legales e ilegales.

Otro de los principales delitos ambientales es la pesca ilegal. Un informe de 2013 de PEW Charitable Trust indica que la pesca ilegal ocurre en todo el mundo, tanto dentro de zonas económicas exclusivas de países como en aguas internacionales.

Finalmente, la minería ilegal es frecuente en África, América Latina y partes de Asia, donde se está convirtiendo en un problema de preocupación pública. Tiene graves impactos ambientales, en particular la contaminación por mercurio proveniente de la extracción de oro artesanal, la destrucción de la flora y fauna natural, la contaminación, degradación del paisaje y los riesgos de radiación.

Las principales brechas

El estudio de ONU Medio Ambiente identifica varias brechas importantes en la respuesta a los crímenes ambientales. La falta de datos, conocimiento y conciencia, así como el uso limitado de la legislación, la casi nula cooperación nacional e internacional, el poco intercambio de información entre autoridades y la falta de compromiso de los actores privados y las comunidades locales debilitan la aplicación de la ley.

Para cerrar estas brechas, la comunidad internacional debe volver a lanzar programas sobre la delincuencia ambiental, iniciar un plan de acción y compartir información, reconocer y abordar los delitos ambientales como una amenaza grave para la paz y el desarrollo sostenible, y fortalecer el estado de derecho ambiental en todos los niveles.

ONU Medio Ambiente está ayudando a los países a establecer marcos jurídicos sólidos en materia de crímenes ambientales, al desarrollar directrices de aplicación para contribuir a que las autoridades nacionales cumplan con las leyes ambientales. También participa en la mejora de las capacidades de todos los actores involucrados en la aplicación de la legislación ambiental, tal como la policía, los fiscales y las aduanas.