Las plantas autorizadas aseguran que solo gestionan el 20% de los residuos de construcción y demolición que se generan en la provincia como consecuencia de las malas prácticas y el intrusismo en el sector.
Valencia recibe a los turistas con toneladas de residuos. Así lo denuncia la Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI), que asegura que existen más de 25 vertederos ilegales e incontrolados de residuos de construcción y demolición en los accesos del AVE y del Euromed .
En total, según esta organización, hay cerca de 5.000 toneladas de escombros diseminados en un radio de acción de 5 kilómetros dentro de la ciudad de Valencia, concretamente en las zonas de Malilla, la Creu Coberta, la Fonteta de Sant Lluis y La Punta.
ARCI, que integra al 100% de las empresas autorizadas para tratar y valorizar residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos industriales en la provincia de Valencia, estima que con los materiales acumulados en estas escombreras incontroladas podría rellenarse un campo de fútbol con un metro de altura. Además, ofrecen una imagen paisajística deplorable a los visitantes que llegan en tren a la ciudad.
Para la asociación, la proliferación de estos vertederos que eluden la legalidad es consecuencia de las malas prácticas y el intrusismo en el sector. Al respecto, apunta que el mayor porcentaje de estos residuos los generan las pequeñas empresas de reformas, cuya actividad se incrementa en los meses de verano. Pero sobre todo deriva de la falta de aplicación y control del RD 105/2008, una normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Según destaca el portavoz de ARCI, Vicente Ferrer, “las plantas legalizadas de valorización y reciclaje de los RCD en la provincia de Valencia que conforman nuestra asociación sólo alcanzan a gestionar unas 215.000 toneladas. Esto supone un 20% de la producción que estimamos genera el sector, lo que denota que existe una sobresaliente y clandestina eliminación de residuos procedentes tanto de edificaciones de nueva planta como de la demolición de inmuebles antiguos, y los derivados de pequeñas obras de reforma. Pero, sobre todo, evidencia la falta de interés de la Administración por cumplir con su obligación de regular esta situación que genera una competencia desleal y perjudica al medio ambiente”.
La reutilización, reciclado y valorización de estos residuos permitiría transformar cerca del 90% de los RCD en áridos reciclados para su uso en el acondicionamiento de caminos, rellenos, construcción de aceras, parques públicos o carriles bici, entre otros.
“Pero en lugar de valorizarlos, se están usando áridos naturales cuyo coste es un 30% superior y erosionan el medioambiente”, concluyen desde ARCI.
Por todo ello, ARCI reclama a las corporaciones locales que regulen y promuevan la aplicación de la legislación vigente, y que pongan coto, mediante inspecciones y multas ejemplificadoras, a quienes realizan una gestión irregular. Estas actuaciones contribuirían además a una mejora de la salubridad y bienestar para los ciudadanos, y un considerable ahorro local en gastos de limpieza urbana, reduciendo esta importante partida presupuestaria municipal.