Ecologistas acusan a la Junta de Castilla y León de “legalizar en falso” un vertedero de residuos tóxicos

Solicitarán la suspensión cautelar del proyecto para ampliar la capacidad de vertido, y recuerdan que el TC ya declaró inconstitucional la planta y el vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Ecologistas en Acción ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar del Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), aprobado por un Decreto publicado la semana pasada en el BOCyL.

La organización ecologista recuerda que hace año y medio una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales la planta y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga, y que han pasado 13 años ya desde que el Tribunal Supremo declarara la ilegalidad de ambas instalaciones

“En todo este tiempo –denuncia EA en un comunicado–, la empresa ha continuado recibiendo y enterrando residuos con completa impunidad, y ha ejecutado parcialmente unas obras de ampliación del vertedero en una cuarta parte de su superficie y con medio millón de toneladas de capacidad para las que no tenía licencia alguna; obras dirigidas a prolongar la vida útil de la instalación, que han sido denunciadas sin resultado por las organizaciones de la Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid ante el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga y la Junta de Castilla y León”.

El colectivo recuerda que “igual que en 1992 y en 2002, cuando la Junta de Castilla y León aprobó ilegalmente la instalación del vertedero de residuos tóxicos de la mercantil CETRANSA, la Administración ha vuelto a pasar por encima de las leyes de aguas, de residuos o de urbanismo y del interés de los 400.000 vallisoletanos que vivimos aguas abajo de la instalación, para defender el interés económico de la constructora ACS, propietaria de CETRANSA, otorgando de nuevo a esta empresa un trato de favor inadmisible que la Junta debería explicar”.

Denuncian además que “a la opacidad del procedimiento de tramitación del Proyecto Regional –en el que no ha sido posible consultar los proyectos técnicos que supuestamente se han aprobado– se suma la omisión de la preceptiva autorización ambiental por contemplar la ampliación del vertedero en una capacidad superior a las 25.000 toneladas, o el imposible legal de que éste ocupe desde hace dos décadas terrenos de dominio público de carácter hidráulico (arroyo El Junquero), pecuario (vereda de San Cristóbal) y militar (Campo de Tiro Renedo-Cabezón)”.

Suelo protegido

Finalmente, desde el punto de vista urbanístico los terrenos ocupados por el vertedero están tutelados como suelo rústico con protección natural por su carácter de cuestas y laderas, como reconoce de propio Proyecto Regional, “por lo que en los mismos queda prohibida toda nueva construcción, incluidos tanto el vertedero ilegalmente existente como la ampliación aprobada por la Junta de Castilla y León, ampliación que en todo caso deberá obtener la licencia urbanística del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción procederá a solicitar a los Tribunales la ejecución de las sentencias firmes y la suspensión cautelar del Proyecto Regional aprobado, “para evitar que CETRANSA continúe enterrando residuos peligrosos y siga ampliando la capacidad del vertedero”. Los ecologistas confían que en este año se pueda proceder a la clausura de las instalaciones para dar cumplimiento a las sentencias judiciales y preservar la salud pública y el medio ambiente.

La planta y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) iniciaron su funcionamiento hace 22 años, en junio de 1993. Pero “desde sus inicios –recuerdan desde Ecologistas en Acción– han acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, el vertido y la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero e incluso un incendio”. Actualmente, el vertedero almacena unas 800.000 toneladas de residuos peligrosos, de las que, según EA, una tercera parte procedentes de fuera de Castilla y León.