Ecologistas acusan a PSOE y PP de pactar para impedir que se eliminen los tóxicos de los envases alimentarios

Varias organizaciones denuncian que algunos partidos en el Senado están pactando para que se apruebe una ley de residuos «descafeinada» y de eliminar de la misma la prohibición de ftalatos y bisfenol A en los envases.

Este 8 y 9 de marzo son fechas clave para la tramitación en el Senado de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Un proceso que varios grupos ecologistas como Amigos de la Tierra, Rezero y Surfrider España siguen con preocupación, pues consideran «alarmantes» algunas de las enmiendas que han sido introducidas en la ponencia de la ley.

En un comunicado conjunto, las organizaciones muestran su especial preocupación «por el retroceso que hace la ley en relación a la protección de la salud humana». Así, el artículo 18 de la Ley aprobada en el Congreso incluía la prohibición de ftalatos y bisfenol A en envases, una medida dirigida a proteger la salud humana de estos productos tóxicos presentes en los envases de alimentación. Estos son reconocidos como disruptores endocrinos que provocan enfermedades como diabetes, enfermedades tiroideas, reproductivas, obesidad, cáncer, etc. Compuestos químicos que, además, afectan especialmente a las mujeres y a la infancia.

Sin embargo, las organizaciones ambientales aseguran que en esta primera fase del proceso del Senado, el PP y el PSOE -miembro del gobierno de coalición que impulsó la propuesta en el Congreso- «han sumado sus fuerzas para eliminar esta medida y, por lo tanto, permitir que estos compuestos sigan formando parte de los envases de alimentación que se consumen a diario».

Los grupos ecologistas también denuncian que a su paso por el Senado la ley está sufriendo además un ataque frontal al cumplimiento del principio de “Quien Contamina, paga” al atenuar la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Un principio europeo de obligado cumplimiento que obliga a los productores a asumir la totalidad de los costes de gestión de sus productos cuando se convierten en residuos. Es decir, «asumir el coste no solo del reciclaje, sino también de la limpieza de calles, playas etc., y de las infraestructuras necesarias para el tratamiento de estos residuos». Unos costes que hoy están siendo «injustamente asumidos por los ayuntamientos» y, por tanto, por el conjunto de la ciudadanía.

Las organizaciones señalan que el Senado no debe incumplir las directrices europeas y que es inaceptable que se introduzcan rebajas a esta responsabilidad, pues «se podría llegar a eliminar la obligatoriedad de asumir los costes de la limpieza viaria o de la limpieza de playas».

Por estas razones, las entidades firmantes consideran que estos posibles retrocesos «representan una marcha atrás en la gestión preventiva de los residuos que ni el planeta, ni la economía de los ayuntamientos ni la salud humana se pueden permitir».