Legislación de residuos y el papel de la economía social en la gestión de residuos textiles

En la actual coyuntura legislativa, se abre un escenario idóneo para impulsar la labor de la economía social en la gestión de los residuos textiles, propiciando una economía circular socialmente justa.

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo, si se tiene en cuenta todo el ciclo de vida de los productos, siendo responsable de, aproximadamente, el 20% de la contaminación mundial de agua potable y del 8-10% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. Desde el punto de vista del consumo, vivimos una situación en la que la adquisición de productos textiles se va incrementando cada año, alimentada por una inundación de prendas muy baratas y de baja calidad, que son sustituidas por nuevas colecciones de forma semanal o incluso diaria, en el caso de algunas plataformas digitales, en un modelo de negocio que conocemos como moda rápida. Esta tendencia conduce a una sobreproducción textil, donde el 21% de las prendas producidas no son vendidas y acaban siendo destruidas (4-9%) o bien se exportan a países, sobre todo, de África y Asia, donde un alto porcentaje acaba como residuos en vertederos o incineradas al aire libre y liberando toxinas sin filtro.

La gestión de estos residuos textiles, generados en altos niveles, supone un reto para nuestras ciudades y, en España, a falta de una regulación clara y operativa al respecto, ha sido la economía social, principalmente entidades solidarias como Cáritas y empresas de inserción como Koopera, quienes se han ocupado de recoger selectivamente, preparar para la reutilización y reutilizar ropa y calzado de segunda mano. En España, más de la mitad de los residuos textiles y del calzado que se recogen selectivamente lo hacen empresas de inserción y entidades de la economía social.

Europa marca el camino

La necesidad de actuación por parte de la administración en este ámbito ha propiciado que desde la Unión Europea se haya establecido que el 1 de enero de 2025, como fecha límite, los Estados miembros deberán implantar la recogida separada de residuos textiles y que la recogida separada y el transporte a plantas de tratamiento específicas de residuos textiles y del calzado sea un servicio municipal de prestación obligatoria para todas las entidades locales.

¿Qué papel juega la economía social en esta gestión? El reconocimiento legislativo de la importancia de las empresas de inserción en esta gestión de los residuos textiles se consiguió con la aprobación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incluyó una disposición adicional para reservar un 50% del importe de los contratos públicos de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, debidamente autorizados para el tratamiento de tales residuos.

Esta reserva de mercado en favor de la economía social es sólo una aplicación específica de una política de contratación pública promovida desde la Unión Europea que, por ejemplo, en su Plan de Acción para la Economía Social (PAES) destaca que los estados miembros deben fomentar y supervisar la adopción de contratación pública socialmente responsable, y afirma que “Las organizaciones de la economía social han sido pioneras en la implementación de prácticas y modelos de negocio circulares, especialmente en actividades de reparación, reutilización y reciclado, desde hace muchas décadas”.

Convivencia con los SCRAP

La Comisión Europea propuso una nueva modificación de la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y, en concreto, en lo que se refiere a residuos textiles y de calzado, esas modificaciones se orientan a armonizar los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores (SCRAP) de este tipo de residuos, protegiendo los puntos de recogida selectiva de la economía social y las empresas sociales, eximiendo de la entrega de las prendas que se vayan a destinar directamente a su reutilización, y promoviendo la participación de las empresas sociales en los sistemas de recogida que organicen o financien los SCRAP.

Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Europeo, en su informe de junio de 2024, también introdujo cambios tanto a la propuesta de la Comisión como a la del Parlamento Europeo en lo referente a la definición de “productos textiles usados” que aún no tienen la condición de residuos, como la ropa donada a entidades sociales destinada a la reutilización; y que los SCRAP del textil y el calzado sufraguen, al menos, los costes derivados de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos textiles y del calzado generados, por entidades de la economía social y otros agentes que formen parte del sistema de recogida.

La oportunidad de crear un marco normativo que promueva una gestión eficaz y justa en España

En España no ha existido previamente un desarrollo reglamentario de la gestión de residuos textiles y del calzado, pero fruto de la coyuntura actual y las directrices europeas, antes de abril de 2025, un real decreto deberá desarrollar la Ley 7/2022, teniendo en consideración también la Directiva de residuos, incluyendo la regulación de los regímenes de responsabilidad ampliada de los productores de textil y calzado. La recogida de este tipo de residuos se ha incrementado, como se ha mencionado al inicio, de un modo muy significativo y ni las entidades locales ni las entidades de la economía social que los gestionan están en disposición de soportar el aumento de los costes de una mayor recogida de residuos textiles y, cada vez, de peor calidad, que los hacen inservibles para su reutilización.

El Gobierno español tiene una gran oportunidad en este momento inicial, de aprobar un real decreto que posibilite que el sistema de recogida, clasificación, preparación para la reutilización (incluida la reparación), reutilización, reciclaje y, en última instancia, valorización energética, esté suficientemente financiado y coordinado. Con un marco legislativo adecuado, las empresas de economía social podrán continuar realizando su labor de gestión de este tipo de residuos de un modo eficaz y eficiente para cumplir tanto los objetivos de la economía circular como los de promoción y protección de la economía social que, precisamente, se retroalimentan.

Las empresas de la economía social como Koopera tienen un modelo de negocio orientado a la reutilización, la reparación y la prevención de residuos textiles y del calzado, impulsando la sostenibilidad desde sus ámbitos social, económico y medioambiental. Ahora se abre un escenario idóneo para que un marco regulatorio propicio impulse la labor de la economía social, tanto de los contratos públicos de recogida y transporte, como los que formalicen los SCRAP para la logística y clasificación de residuos textiles. Un momento crucial para propiciar una economía circular que sea socialmente justa.