Tras la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que anula el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020, El Gobierno foral trabaja ya en un nuevo plan, en el que se redefinirá el tratamiento de la fracción resto y la adaptación a las nuevas directrices europeas.
En relación con la Sentencia del Tribunal Supremo, el Ejecutivo regional inició hace unos meses un proceso de revisión de este documento, que concluirá con la aprobación de un nuevo plan de gestión de residuos que lo sustituya.
En este sentido, el pasado mes de octubre se aprobó la Orden Foral por la que se iniciaba el procedimiento de revisión del PIGRN 2010-2020. Como consecuencia, se publicó un anuncio en el Portal de Gobierno Abierto con el fin de recibir sugerencias. Toda la información relativa a este proceso, incluidas las sugerencias recibidas y los documentos técnicos elaborados por el Departamento, pueden consultarse en la página web del plan.
Según un comunicado del Gobierno Foral de Navarra, de las cuestiones del PIGRN analizadas en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, únicamente estimó dos aspectos no acordes al ordenamiento jurídico, y que el Tribunal Supremo ha confirmado. Se trata de no haber concretado con detalle la ubicación de la instalación de valorización energética (incineradora) y un defecto formal de procedimiento de haber excedido los plazos legales, en la tramitación de la Declaración de Incidencia Ambiental.
Recogida selectiva, prevención y reciclaje
En los trabajos de redacción del Plan en 2010 se alcanzó un alto grado de participación y de consenso en algunas líneas como la recogida selectiva de materia orgánica o la consecución de objetivos más ambiciosos de prevención y reciclaje, líneas que el Gobierno de Navarra seguirá apoyando en el nuevo plan.
Por otro lado, y también en relación con los contenidos del futuro plan, en la actualidad existe un acuerdo político y social de no incluir como forma de tratamiento la alternativa de la incineradora.
Así, y hasta que se disponga del nuevo plan, en esta materia sigue siendo de aplicación directa la legislación nacional (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), que transpone las normativas europeas.