El nuevo Real Decreto de RAEE, una oportunidad para apostar por la prevención y la reutilización

La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria manifiesta la importancia de que el nuevo Real Decreto de aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos asegure el cumplimiento de la jerarquía europea de residuos, acorde con una verdadera economía circular.

El proyecto de Real Decreto sobre RAEE, sometido recientemente a consulta pública y que transpone la Directiva 2012/19/UE, establece objetivos de preparación para la reutilización separados de los de reciclaje. Esto supone una verdadera y convencida apuesta por los principios de la jerarquía europea de gestión de residuos, donde se debe fomentar, por este orden, la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización.

Solamente estableciendo un objetivo de reutilización diferenciado del de reciclaje se asegurará que se realicen estos procesos. Y sin duda, supondrá también un impulso para que España cumpla los objetivos marcados en la Directiva Europea de recogida y gestión de estos residuos bajo este principio, ya que actualmente se encuentra lejos de su cumplimiento.

Los objetivos son necesarios para asegurar que se prioriza la preparación para la reutilización frente a otras vías de valorización o eliminación directa, que muchas veces son elegidas bajo criterios meramente economicistas y que están provocando que se estén desperdiciando muchos materiales valiosos contenidos en estos residuos, alejándonos del concepto de economía circular.

España cuenta con una red de recuperadores pertenecientes a la economía social a nivel estatal (AERESS) con una experiencia de más 20 años, que cada ejercicio reporta sus resultados en relación a estas actividades de preparación para la reutilización, que demuestran que es posible alcanzar entre un 5 y 6% de reutilización sobre el total de lo que recogen.

Un amplio mercado de segunda mano

La demanda en el mercado de segunda mano de estos materiales está también asegurada. Prueba de ello son, por un lado, la encuesta del Eurobarometro sobre la actitud de los europeos ante la gestión de residuos y eficiencia de los recursos, donde se refleja que el 58% de la población estaría dispuesta a comprar equipos electrónicos de segunda mano y que dos de cada tres donan o venden artículos para su reutilización; y por otro, la de la OCU, donde se demuestra que los aparatos electrónicos son uno de los artículos que más se compran de segunda mano.

El potencial de empleabilidad en las actividades de preparación para la reutilización es alto y está directamente relacionado con la cantidad de materiales que se manejen

Actualmente esta red de recuperadores de economía social da empleo a 1.746 personas, de las cuales el 47,5% son empleos de inserción de personas en riesgo o exclusión social. Y la proyección estimada es de al menos 3.583 empleos si se aumentan las cantidades de materiales que gestionan. En toda Europa, las redes de recuperadores sociales emplean a 40.000 trabajadores.

El potencial de empleabilidad en estas actividades que requieren operaciones manuales es alto y está directamente relacionado con la cantidad de materiales que se manejen. Por ello es tan importante que, además de que el texto definitivo mantenga estos objetivos, se asegure la entrega, separación y tratamiento adecuado de estos residuos de forma que se conserve su potencial para ser reparados y reutilizados.

También es fundamental que se asegure la accesibilidad de los centros de preparación para la reutilización a los puntos de recogida, asegurando así un flujo suficiente y de calidad para que esta sea efectiva, cuestión que queda abierta y sin definir en la actual versión del texto normativo.

Financiación de la gestión del residuo

Por otro lado, desde AERESS consideran que el borrador del Real Decreto hace una excepción “peligrosa” en relación a la obligatoriedad de financiar la gestión del flujo de residuos que se acuerde directamente por las entidades locales o distribuidores con los gestores de residuos. En coherencia con el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor, que obliga a estos a la correcta gestión de los aparatos que ponen en el mercado cuando se convierten en residuos, la asociación reclama que el Real Decreto deje clara la obligatoriedad de financiar todas las labores de gestión, independientemente de quién las realice (siempre y cuando se trate de gestores legales).

En coherencia con el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor, AERESS reclama que el Real Decreto deje clara la obligatoriedad de financiar todas las labores de gestión, independientemente quién las realice

AERESS celebra también la apuesta de la nueva norma por la trazabilidad y la transparencia a través de la implantación de un nuevo sistema informático de recogida de información, así como con la implantación del Centro de Coordinación, abierto a la intervención de todos los agentes implicados. Asimismo, valora la inclusión de todo lo que tiene que ver con la fase prioritaria de prevención, por ejemplo, respecto al diseño de los aparatos y sus materiales, de forma que aseguren la durabilidad y reparabiliadad de los mismos, debiéndose impedir así la obsolescencia programada de los aparatos.

No obstante, la falta de exigencia explícita, el establecimiento de medidas ambiguas, omitidas, excesivamente voluntarias y la falta de medidas para hacer seguimiento, ponen en peligro que se realicen de forma efectiva las actividades de preparación para la reutilización, mas teniendo en cuenta la reticencia a las mismas que tienen algunos agentes.

Por último, desde AERESS se aplaude la mención en el texto a las entidades de economía social asociada a las actividades de preparación para la reutilización y venta de segunda mano, que históricamente realizan esta labor y que además de dar un óptimo y eficaz servicio en gestión de residuos, dedican recursos a ofrecer un valor social añadido que no aportan el resto de operadores con los que compite.

Para esta entidad, las herramientas de discriminación positiva como las cláusulas sociales en los concursos públicos o las reservas de mercado, que priman la labor social de los gestores, y que menciona el texto, deben ser promovidas por las instituciones públicas. No son prácticas novedosas y están siendo ya de aplicación en numerosas administraciones públicas, tanto nacionales como europeas, ya que están alineadas con las políticas y estrategias de empleo, contratación pública y Responsabilidad Social Empresarial impulsadas por Europa y España.