La Fundación Ellen MacArthur pide medidas específicas para las pequeñas empresas en el tratado global sobre plásticos

Un informe de la organización, realizado en colaboración con WWF, analiza las implicaciones de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los plásticos para las microempresas y las pymes, motores de innovación en esta industria.

Para poner fin a la contaminación por plásticos se necesita un tratado de las Naciones Unidas jurídicamente vinculante con normas globales. Por su diseño, debe transformar la industria de los plásticos e impulsar cambios en toda la cadena de valor de los envases de plástico, desde las grandes multinacionales hasta las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Estas últimas son cruciales para el éxito de un Tratado Global sobre Plásticos, ya que son motores de innovación en muchos sectores de la industria del plástico y representan el 90% de las empresas a nivel mundial.

Sin embargo, las implicaciones concretas de las ambiciosas normas mundiales del tratado sobre los plásticos son, hasta la fecha, menos conocidas para las pequeñas empresas.

Por ello, la Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con WWF, ha encargado un estudio que evalúe el impacto de un tratado mundial sobre plásticos ambicioso, eficaz y jurídicamente vinculante en las mipymes de toda la cadena de valor de los envases de plástico. El estudio pretende ser una primera exploración y, aunque aporta ideas útiles, ambas organizaciones consideran necesario seguir investigando en este ámbito.

El estudio muestra que los responsables políticos pueden estar seguros de que existe un amplio apoyo entre las mipymes a un tratado sobre plásticos ambicioso y jurídicamente vinculante.

También se constata que las normas globales pueden desbloquear importantes oportunidades y beneficios en todo el panorama de las mipymes, si se aplican de forma eficaz y justa en el tratado sobre los plásticos.

Para garantizar que las mipymes aprovechen los beneficios esperados a lo largo del tiempo, el tratado debería establecer medidas políticas específicas que apoyen a estas empresas en la gestión de la transición, como plazos de aplicación diferenciados y financiación específica para ellas.