El partido ecologista considera que la respuesta dada por el Gobierno a la pregunta parlamentaria sobre los incendios en plantas de reciclaje no ofrece una explicación suficiente, y es necesaria una investigación profunda.
El pasado martes, el partido ecologista EQUO presentó ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia solicitando la investigación de los numerosos incendios que se han producido en plantas de reciclaje y tratamiento de residuos. Más de 53 plantas de reciclaje de residuos de diferentes tipos han ardido este año 2017, algunas en más de una ocasión, un incremento importante respecto a la cifra de 2016 que fue de 32, y 5 veces más respecto a 2012.
“El incremento en el número de incendios nos parece excesivo, y no hay ninguna razón natural que pueda explicar ese aumento. Instamos a la Fiscalía a investigar si hay un nexo común detrás de estos fuegos, si hay determinados intereses económicos que hagan que estos incendios se reproduzcan una y otra vez”, declaró a la salida el coportavoz de EQUO y diputado, Juantxo López de Uralde.
“Estamos hablando de sucesos que tienen que ver no sólo con el medio ambiente, sino con la salud pública, y de ahí nuestra preocupación y que hayamos tomado esta iniciativa”, añadió.
EQUO considera que la respuesta dada por el Gobierno a la pregunta parlamentaria sobre los incendios en plantas de reciclaje no ofrece una explicación suficiente, y es necesaria una investigación profunda.
“La respuesta que da el Gobierno es que es competencia de las Comunidades Autónomas, sin embargo estamos viendo que esta situación se repite en todo el Estado, sin que nadie se haga responsable”, concluyó López de Uralde.
Por su parte Ana Álvarez, concejala en Parla y coordinadora de la Red de Cargos Verdes incidió en que “nos preocupa mucho que las investigaciones queden en simples casos aislados. Son muchos los municipios que se están viendo afectados en todo el Estado; la Fiscalía debe investigar si existe algún caso de corrupción o de aliciente económico detrás de todo esto”.
Por último, Alejandro Sánchez, coportavoz de EQUO Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid, insistía en el descontrol del tráfico de residuos que existe. “Por ejemplo, la Comunidad de Madrid nos ha respondido que no es su competencia vigilar el tráfico que sabemos que se produce entre las diferentes comunidades. En el caso de Chiloeches se cobraba una gestión de residuos peligrosos, mucho más cara y sin embargo nos enteramos después de que la empresa lo camuflaban en escombreras con el consiguiente ahorro”.