Así lo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la UE, tras la denuncia de la Comisión por incumplimiento de las obligaciones en materia de vertidos.
El Tribunal de Justicia de la UE declaró ayer el incumplimiento de España de la normativa comunitaria relativa al vertido de residuos en 30 vertederos, después de que la Comisión Europea (CE) denunciara que no había cumplido las obligaciones que le correspondían en esta área.
El Tribunal sentencia que España “no adoptó las medidas necesarias” para solicitar a las entidades explotadoras la elaboración de un plan de acondicionamiento para tres vertederos de residuos no peligrosos en Ortuella (País Vasco) y Zurita y Juan Grande (Canarias).
Además, las autoridades tampoco aseguraron la ejecución completa de dicho plan dentro de un plazo de ocho años a partir de la fecha a la que se refiere la Directiva.
El Tribunal señala que la fecha pertinente para apreciar un incumplimiento en este asunto es el 25 de marzo de 2013, día en que expiraba el plazo fijado por la Comisión Europea, y añadió que España “no ha demostrado” que las obras necesarias para ajustar estos vertederos a la directiva se realizaran antes de esa fecha.
Por otra parte, el Tribunal manifestó que las autoridades españolas tampoco adoptaron las medidas necesarias para cerrar “a la mayor brevedad posible” las instalaciones que no obtuvieron autorización pertenecientes a otros 27 vertederos, 9 de ellos de residuos no peligrosos y 18 de residuos inertes.
En este sentido, recalcó que España “tampoco ha demostrado” que las obras necesarias para que se ajusten a la Directiva estos otros 27 vertederos “hayan sido ejecutadas en los plazos fijados” y las autoridades españolas “no han expuesto razones específicas que justifiquen por qué no se respetaron esos plazos”.
De esta forma, el Tribunal dio la razón a la Comisión, que sostuvo que sus investigaciones y el análisis de las respuestas de las autoridades españolas a lo largo del procedimiento administrativo “permitieron evidenciar el incumplimiento de varias de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria”.
Fuente:
El Día
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