El objetivo de este trabajo, desarrollado por la consultora ENT, fue obtener información acerca de las actuales y potenciales formas de fraude de los productores de envases.
La consultora ENT ha finalizado el «Estudio sobre el fraude en materia de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de los envases domésticos puestos en el mercado español», encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que ya se puede consultar en su sitio web.
En el ámbito de los envases domésticos, se cometen distintas prácticas fraudulentas por las que productores individuales no cumplen con sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Este tipo de fraude constituye una competencia desleal, adultera los datos de envases sujetos a RAP puestos en el mercado y, en consecuencia, distorsiona el cumplimiento de los objetivos establecidos con relación a los envases y residuos de envases.
El objetivo de este proyecto fue obtener información acerca de las actuales y potenciales formas de fraude de los productores, así como contar con estimaciones para cuantificar el alcance de estas prácticas fraudulentas en el ámbito de los envases domésticos y formular unas recomendaciones sobre el posible establecimiento de mecanismos que permitan minimizarlo.
Según el estudio, «las empresas que no materializan su responsabilidad de forma individual ni mediante la participación en un SCRAP, incumplen sus obligaciones en materia de RAP e incurren en fraude. En la práctica, esto implica que al no hacerse cargo de los costes de la gestión de los productos que ponen en el mercado cuando se convierten en residuos, estos costes deben ser asumidos por las empresas adheridas y los Entes locales».
Si bien a partir de los datos recopilados de los SCRAP y de las CC.AA, no ha sido posible realizar una estimación del fraude para 2019 a escala estatal que cumpla estándares mínimos de representatividad estadística en los envases sujetos a RAP, el estudio sí ofrece algunas recomendaciones, como la elaboración de un programa estatal de caracterizaciones periódicas de residuos -lo que permitiría contar con datos de calidad para futuras estimaciones de fraude- o la mejora de la transparencia en la detección del fraude por los SCRAP