El Parlamento Europeo respaldó ayer que los biocarburantes clásicos, como el etanol y el biodiésel, no supongan más del 6% del consumo energético de la UE en el sector del transporte para 2020. El objetivo es acelerar la transición hacia una nueva generación de biocombustibles fabricados con algas y algunos residuos orgánicos, y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el creciente uso de tierras agrícolas para la producción de carburantes.
Los biocarburantes clásicos o de primera generación, principalmente el etanol y el biodiésel, se obtienen a partir de cultivos como el maíz o plantas como la soja, el girasol y la palma. Las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del uso creciente de tierras agrícolas para la producción de biocarburantes constituyen el conocido como cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC).
Con el fin de reducir el impacto sobre el medio ambiente, la Eurocámara propone que estos biocombustibles no supongan más del 6% del consumo energético de la UE en el sector del transporte para 2020, frente al objetivo actual del 10%.
Igualmente, el Parlamento es favorable a que los carburantes de segunda generación, producidos a partir de algas y algunos residuos y con un menor impacto medioambiental, aporten al menos un 2,5 por ciento del consumo total de energía en el sector del transporte en 2020. El conjunto de enmiendas del Parlamento a la propuesta de la Comisión fue aprobado por 356 votos a favor, 327 en contra y 14 abstenciones.
«Me alegro de que el Parlamento se haya pronunciado a favor de una contabilidad correcta de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de fijar un techo para el uso de biocarburantes de primera generación; es una señal importante para que a partir de 2020 apoyemos los biocarburantes avanzados. La integración del ILUC en 2020 es importante para la credibilidad de la política europea sobre el clima», declaró la ponente de la directiva, la liberal francesa Corinne Lepage.
El texto adoptado constituye la posición en primera lectura del Parlamento Europeo. Los Estados miembros tienen que adoptar ahora una posición común sobre este tema. En caso de que ésta sea distinta del texto aprobado por el PE, el dossier deberá volver a la Eurocámara para una segunda lectura.