En torno a la fallida Proposición de Ley relativa a la sostenibilidad de la gestión de los envases y de sus residuos

Jaime Peñarrubia Velarde

Abogado
ECIJA 

La Proposición de Ley rechazada proponía una serie de medidas y objetivos que buscaban rebajar los que actualmente se contemplan en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bien parece que la iniciativa pretendía obviar el principio básico de “quien contamina paga”.

Recientemente se ha rechazado por parte del Parlamento de la Proposición de Ley relativa a la sostenibilidad de la gestión de los envases y de sus residuos (122/000281), promovida a finales del pasado mes de diciembre por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y por la que se pretendía modificar algunos aspectos de la Ley 7/2022, d 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Desestimación o decaimiento que ha sido publicado recientemente en el Boletín oficial de la cámara baja (BOC) el 10 de marzo de 2023.

La iniciativa legislativa fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados el 20 de diciembre de 2022. Ahora, la Mesa de la Cámara viene a acordar que, habiendo comunicado el Gobierno su disconformidad a la iniciativa legislativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, no procede la toma en consideración por el Pleno de la citada Proposición de Ley.

La Proposición de Ley fue publicada en el BOC el 23 de diciembre de 2022, y en ella se proponían una serie de medidas y objetivos que buscaban rebajar los que actualmente se contemplan en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Fue presentada incluso antes de haberse aprobado y publicado la normativa estatal básica de envases y residuos de envases que desarrolla la referida Ley en dicho flujo de residuos y que transpone la Directiva 1018/852. Nos referimos al Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre 2022.

Pero verdaderamente, ¿qué pretendía la iniciativa legislativa hoy decaída?, cabría preguntarse. Basta con fijarse en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, para comprender el verdadero alcance de la misma. Bien parece que la iniciativa pretendía obviar el principio básico de “quien contamina paga” en beneficio de la sostenibilidad económica de los productores, así como de la competitividad empresarial y la libertad de mercado, poniendo de manifiesto una grave ignorancia de las metas de prevención, recogida separada, reutilización, valorización y reducción del desperdicio alimentario fijadas por la UE.

En este sentido, bien parece un intento de legitimación de una política de greenwashing para los operadores económicos afectados por la nueva responsabilidad ampliada del productor, por cuanto que se pretendía eliminar exigencias a los productores y a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), pretendiendo también abrir una vía para la exención de los objetivos de prevención de residuos y de reutilización.

Efectivamente, basta con enumerar algunos de sus aspectos esenciales para evidenciar una política de sostenibilidad totalmente errada a nuestro juicio. Se pretendía modificar la recogida separada de botellas de plástico, impedir en la práctica medidas de prevención de reducción de los envases de plástico de un solo uso, limitar medidas de reducción de residuos alimentarios, modificar las medidas de reducción del consumo de determinados productos de plástico de un solo uso, rebajando notablemente los objetivos de reducción para 2026 y para 2030. Se pretendía condicionar el contenido mínimo de material reciclado en relación con los requisitos de diseño para recipientes de plástico para bebidas y también reducir el rigor del impuesto al plástico facilitando reducciones y posibles exenciones que podrían llegar a desvirtuar la finalidad teleológica que se persigue con dicha medida fiscal.

A todo lo previamente dicho, debe añadirse una manifiesta falta de oportunidad legislativa y política, por cuanto que la Ley de residuos que pretendía modificar lleva apenas un año de vigencia, siendo prácticamente imposible justificar algún tipo de obsolescencia o ineficacia de la misma, además de una evidente falta de conveniencia en cuanto al fondo, por cuanto que habría constituido un paso atrás.

Según parece no se producirá este cambio de paradigma a peor, al menos por ahora, pero hace pensar cuál será el texto de una futura y posible reforma legal a medio plazo, cosa que no resulta en absoluto descartable pensando en las elecciones generales que habrá en nuestro país. Todo está por ver, incluida una involución en materia de gestión de envases y residuos de envases.