En torno a la futura Ley de Economía Circular de Andalucía

Víctor Moralo Iza. 

Attorney and Partner at ECIJA. 
Área de Urbanismo y Medio Ambiente. 

El Gobierno de Andalucía está elaborando el Anteproyecto de Ley de Economía Circular, una de las piezas más importantes para el desarrollo y progreso sostenible de Andalucía.

El pasado 30 de enero de 2020 concluyó el trámite de información pública de la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) que pretende abordar, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con rango de Ley, son necesarios para incentivar y acelerar la transición hacia una economía más sostenible, competitiva e innovadora, que establezca las bases para superar el modelo de producción y consumo de “usar y tirar” que comienza a ser ya insostenible. La Comunidad Autónoma de Andalucía intenta invertir esta tendencia y sentar las bases para seguir creciendo, pero de una forma económica y medioambientalmente sostenible, para que así puedan continuar haciéndolo las futuras generaciones. Para ello, pretende ser capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades económicas demandantes de empleos estables y de calidad.

Como antecedente necesario para entender este Anteproyecto de Ley, debemos acudir al documento del Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 (PIRec 2030), sometido a información pública en el mes de marzo de 2019. El PIRec 2030 surgió de la necesidad de revisar la planificación de residuos que ha quedado absolutamente obsoleta y requiere una urgente adaptación a las nuevas Directivas europeas en materia de gestión de residuos. Surge, por tanto, de la necesidad de dotar a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los Entes locales de Andalucía de la seguridad jurídica necesaria para la implementación de inversiones, nuevas infraestructuras y equipamientos.

Por su parte, recordemos que el Estado español se encuentra en pleno proceso de transposición de la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 94/62 / CE sobre envases y residuos de envases, a través del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Con la referida ley estatal se pretende cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y en particular a los objetivos 12 -producción y consumo sostenibles-, 13 -acción por el clima- y 14 -vida submarina-. Asimismo, en el ámbito de su contribución a la lucha contra el cambio climático, esta futura ley pretende ser también coherente con la planificación en materia de energía y clima.

Con independencia de la futura legislación estatal y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nos encontramos ante una excelente oportunidad para marcar, dentro de su propio territorio, objetivos más exigentes y ambiciosos en el ámbito prevención, de la reutilización y el fomento de modelos circulares de economía. Este es el momento de cambiar el paradigma no sólo en la gestión de residuos, sino también en el modelo económico al que se aspira donde la sostenibilidad sea la autentica piedra angular del cambio al que se aspira como sociedad.

Así, la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía conecta el texto normativo directamente con el Plan de Acción para la economía circular titulado “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular”, presentado en diciembre de 2015 y que tenía por objetivo dirigir a Europa hacia una economía circular.  También conecta directamente con el «Pacto Verde Europeo» presentado el 11 de diciembre de 2019 por la Comisión Europea y cuya ejecución exige la transformación de los retos climáticos y medioambientales en oportunidades, logrando una transición justa e integradora para todos y en todos los ámbitos. Esta premisa se ha reforzado con la aprobación de un nuevo Plan de Acción en 2020 bajo el título “Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y competitiva” (COM/2020/98 final), cuyo objetivo es impulsar el Pacto Verde Europeo y apoyar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que nos ha de servir siempre de referente más próximo para acometer todo tipo de actuaciones y mejoras.

Efectivamente, la Comunidad Autónoma pretende adecuar su ordenamiento jurídico a las nuevas Directivas Europeas sobre economía circular. El Anteproyecto de Ley se ha de abordar necesariamente bajo la cobertura del Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea y de las nuevas Directivas de modificación de la legislación ambiental en materia de residuos. Con ello, el legislador de Andalucía debe aspirar también a renovar los objetivos de reutilización y reciclado, actualizar la responsabilidad ampliada del productor, consolidar algunos conceptos clave como el de subproducto, establecer instrumentos comunes de medición y control, aumentar las restricciones al vertido de determinados productos y sustancias contaminantes y, en definitiva, mejorar el tratamiento y gestión de los residuos producidos, todo ello con ambición propia de mejora ambiental y desde la nueva perspectiva de la Unión Europea.

Ahora bien, el objetivo fundamental de esta nueva norma debe ser contribuir de forma efectiva a un desarrollo sostenible, que haga compatible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos naturales existentes, pretendiendo crear un marco normativo adecuado para el desarrollo de la economía circular en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estableciendo las bases que aborden la transición hacia un nuevo modelo de protección ambiental, más eficiente en el uso de los recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos. Un nuevo modelo de economía circular que cierre el ciclo de los materiales y permita que todos los recursos se utilicen de forma eficiente, generando crecimiento económico sostenible, creando empleo verde y un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Comunidad Autónoma de Andalucía en modo alguno puede seguir un modelo conservador, pues dicho modelo en modo alguno propiciará la transformación que se espera y que se le debe exigir a toda planificación de futuro.

El Anteproyecto de Ley prevé que la Administración de la Junta de Andalucía promueva la aplicación de los principios de sostenibilidad de los productos con los siguientes objetivos, a saber: a) aumentar el uso de materiales reciclados sin menoscabo de su rendimiento y su seguridad; b) posibilitar la reutilización y el reciclado de alta calidad; c) limitar el uso de productos de un solo uso y contrarrestar la obsolescencia prematura; d) prohibir la destrucción de los bienes duraderos que no hayan sido vendidos; e) fomentar economía de la funcionalidad, y f) movilizar el potencial de digitalización de la información sobre productos, incorporando soluciones digitales.

La futura norma legal de Andalucía impulsa el modelo circular a través del desarrollo de mecanismos de promoción, con el objetivo de dar apoyo a actividades consideradas prioritarias. De hecho, prevé que la Administración de la Junta de Andalucía desarrolle mecanismos de promoción de la economía circular para entidades públicas y privadas, con el objetivo de dar apoyo a las actividades relacionadas con la economía circular, teniendo una especial consideración aquellas que impulsen el empleo, la sostenibilidad y la productividad, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos materiales y el aumento de la circularidad en el sistema productivo.

En esta misma línea, la Ley señala que las empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipos, más allá de las exigencias establecidas a nivel normativo, podrán voluntariamente disponer de un sistema propio o asociado que les permita ofrecer alternativas y servicios para la reparación de los mismos. De esta forma se prevé que puedan prolongar la vida útil del producto más allá de los requisitos legales del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, mediante la puesta a disposición del público de piezas de repuesto o mediante la publicación de las características técnicas de las piezas para posibles reproducciones de cara a la sustitución y repuesto de las mismas.

También prevé que la Administración de la Junta de Andalucía elabore una guía para la definición de las bases y criterios para la estimación del índice de reparabilidad de productos tecnológicos y bienes de equipo con el objetivo de mejorar la información al consumidor y favorecer su implantación por parte del sector industrial andaluz.

La futura Ley de Economía Circular enumera con gran acierto, a nuestro entender, una serie de actividades que denomina “prioritarias” basándose en el desarrollo económico, la protección de la salud humana y la mejora del medio ambiente. En esta línea indica que la reutilización de productos y la valorización de residuos, así como todas aquellas actuaciones en materia de gestión de residuos tendentes a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, serán “actividades prioritarias”.

En materia de gestión de residuos, se prevé la adaptación de sistemas de responsabilidad ampliada del productor hacia aquellos productores que asuman voluntariamente responsabilidades financieras y organizativas, para la gestión en la fase de residuo del ciclo de vida de un producto. Se prevé adoptar las medidas necesarias para simplificar los procedimientos y eliminar las trabas administrativas para la consideración de subproducto y fin de condición de residuo, asegurando la protección de la salud de las personas y el medioambiente. Se prevé la adopción de medidas para aumentar la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos, así como para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la normativa europea en materia de gestión de residuos.

En definitiva, una vez examinado el texto articulado de la futura norma, no podemos sino felicitar el esfuerzo y determinación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que, lejos de esperar a la nueva Ley de Residuos del Estado, ha realizado el esfuerzo de impulsar las bases jurídica sobre las que descansará el nuevo modelo de economía, potenciado y fomentando un modelo circular de producción y consumo, que permita la aplicación de los principios de sostenibilidad a los productos, promueva la transición hacia la economía de funcionalidad y de servicio, y establezca medidas específicas para reducir la cantidad de residuos generados a través de la gestión de los bienes no vendidos y el impulso de la reparación y reutilización de aquellos que hayan sido puestos en el mercado. Se formulan las bases jurídicas que permitirán construir el legado que esta sociedad pretende dejar a las futuras generaciones andaluzas.