Con la nueva denuncia de la Comisión Europea a España por no haber sellado 61 vertederos ilegales, Bruselas vuelve a poner en evidencia a España por la gestión de sus residuos y amenaza con una sanción millonaria.
La Comisión Europea sigue poniendo en el punto de mira a España por la ineficiente gestión de sus vertederos. A la decisión del pasado mes de julio de 2014 de llevar al Estado español al Tribunal de Justicia de Luxemburgo por el estado ilegal y por la no clausura de 31 de sus vertederos legales, ahora Bruselas ha sumado una segunda denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario por “la insuficiente gestión a la que se someten los residuos” en decenas vertederos inactivos de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha, Castilla y León y Región de Murcia, que llevan denunciados desde 2006.
“A pesar de las advertencias hechas anteriormente por la Comisión, España se ha abstenido de tomar las medidas necesarias para proceder a la clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales”, ha informado la Comisión en un comunicado.
Bruselas ha recordado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que está infringiendo la Directiva marco sobre residuos desde hace nueve años, ya que “los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente”. España se había comprometido a sellar estos vertederos a finales de 2011.
Reciclado ínfimo
“La gestión de las basuras en nuestro país es insostenible, insatisfactoria y, como evidencia esta denuncia comunitaria, ilegal, ha valorado Daniel López Marijuán, de Ecologistas en Acción. “La jerarquía en la gestión de los residuos no se cumple, el reciclado es ínfimo y la mal llamada eliminación (vertedero) es la opción generalizada, que ni siquiera cumple los requisitos mínimos para no poner en peligro la salud de las personas y el equilibrio ambiental. Es urgente poner fin a esta situación y promover un nuevo modelo de gestión de residuos racional y eficiente”, ha añadido.
Ante un caso similar, el pasado diciembre el Tribunal de Justicia de la UE impuso una sanción a Italia de 40 millones de euros
Por su parte, Alodia Pérez Muñoz, responsable del área de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra, ha insistido en la necesidad de una transformación radical de la situación. “Sin un cambio de modelo en la gestión de los residuos, el problema de los vertederos va a seguir presente. Es necesario mejorar los sistemas de recogida selectiva, incluir la materia orgánica en los flujos de separación e incrementar las tasas de reducción, preparación para la reutilización y reciclaje”, ha afirmado.
La denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo es el paso definitivo en el procedimiento de sanción comunitaria y la antesala de una sanción millonaria en el caso de que España no actúe de una vez y cierre, selle y restaure estos 61 vertederos que, aunque inactivos, permanecen en situación ilegal.
Cabe señalar que ante un caso similar, el pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE impuso una sanción a Italia de 40 millones de euros y 28.000 euros complementarios por cada día de retraso en la solución del problema.
Lamentablemente, esta no es la única causa que hay abierta en el Tribunal de Luxemburgo contra España por la gestión de sus residuos. En julio de 2014 Bruselas ya envió al Tribunal de Justicia de la UE por el estado ilegal de 31 de sus vertederos activos. La causa está pendiente de resolución.
Hace tiempo que estas organizaciones ecologistas vienen denunciando la deficiente gestión de los residuos en España, donde el 60% de los mismos acaban enterrados y un 10% incinerados, según datos de Eurostat, y solo se recicla o composta un 30%.
Empresas que surgieron al arropo de una Normativa específica en materia de Reciclaje de Residuos, se ven avocadas al cierre. Sencillamente porque el grado de concienciación medioambiental se mide en términos económicos. Porque la propia administración que crea Leyes y Sanciones para quién las incumple, no genera los mecanismos de prevención y control necesarios para evitar estos desastres.
El escombro en comparación con los residuos urbanos, se considera un residuo de segunda categoría aunque lo llamemos RCDs. Su recuperación, reciclaje y/o valorización es muy costosa y por ahora nada rentable para las empresas privadas que apostamos en su día por esta actividad.
El Reciclaje de los RCDs no es lo que se esperaba, quizá sea el momento de un debate entre los distintos agentes que intervienen en el proceso para intentar encaminar esta problemática. Quizá el Reciclaje deba ser considerado una actividad de interés general, de esas que aunque no den beneficios hay que realizar por el bien de Comunidad y quizá sea la propia administración la que se debe hacer cargo de ella