Pese a que el cumplimiento de la normativa ha sido generalizado por parte de los gestores de residuos, se han detectado algunas irregularidades graves que han llevado a la detención de 44 personas.
La Guardia Civil, en el marco de la Operación Retrovirus coordinada por EUROPOL, ha llevado a cabo más de 500 inspecciones en 300 centros vinculados con la gestión de residuos sanitarios. En España la Guardia Civil ha detenido e investigado a 44 personas en todo el territorio nacional. Además, se han denunciado 184 infracciones administrativas en materia de residuos por su transporte, gestión o eliminación irregular.
Pese a que la mayoría de gestores de residuos cumplían con la normativa, se han detectado graves irregularidades y se han investigado para paliar los efectos de transmisión de la enfermedad.
A raíz de la declaración del estado de alarma, y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia tanto en las personas como en el medio ambiente, el SEPRONA de la Guardia Civil ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias. Debido al gran volumen de actuaciones higiénico-sanitarias, la Guardia Civil está teniendo una especial atención a los residuos que directa o indirectamente tienen relación con la COVID-19.
El incremento de la actividad sanitaria debido a la emergencia está implicando obligatoriamente un amplio aumento de los desechos. La forma en que se recogen, transportan y finalmente tratan y eliminan, a través de gestores autorizados estos desechos, está siendo también crucial en términos de restringir la dispersión de la COVID19.
La mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usados está incrementado la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas.
Evitar la gestión irregular
En el marco de la agencia de la Unión Europea en materia policial, EUROPOL, la Guardia Civil ha lanzado esta operación durante el estado de alarma con el objetivo de evitar la gestión irregular de residuos sanitarios en las fases del transporte, tratamiento y eliminación final de dichos desechos con origen en los centros de atención médica o en cualquier otra instalación en la que se han desarrollado actividades sanitarias con respecto a la emergencia de la COVID-19, de acuerdo con los marcos legislativos internacionales, de la UE y los nacionales.
Se ha contado con el apoyo de EUROPOL en el análisis operativo y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones de las empresas investigadas con el resto de estados miembro y terceros países.
Cabe recordar que estos residuos declarados como peligrosos y la mala gestión o uso de los mismos puede acarrear directamente la aplicación de sanciones penales recogidas dentro de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta que, cuando pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
El reciclaje es otro negocio mas por eso ocurren estas cosas