Bustinduy presenta en Bruselas una guía para identificar el ‘greenwashing’

Según el Ministerio de Consumo, el 42% de las afirmaciones ambientales que hacen las empresas son cuestionables, mientras que seis de cada diez productos que se ofertan como respetuosos con el medio ambiente carecen de la información necesaria para verificarlo.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presento ayer en Bruselas la ‘Guía de Comunicación Sostenible’ que puso en marcha el departamento que lidera y que está dirigida a empresas bajo el título «Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas». El acto tuvo contó con la presencia de Isabelle Pérignon, directora general de Política del Consumidor de la Comisión Europea, y de Agustín Reyna, director general de la Organización Europea de Consumidores. Esta guía es pionera en Europa y consta de 60 páginas en las que se ofrece información detallada de cómo identificar el greenwashing o ecopostureo que llevan a cabo algunas empresas, es decir, promocionar sus productos o sus servicios como respetuosos con el medio ambiente sin que haya una evidencia científica que lo avale.

Pablo Bustinduy puso de relevancia que, según la normativa vigente, una empresa que haga afirmaciones medioambientales no verificadas estaría incurriendo en prácticas desleales ya que supondrían una información engañosa para las personas consumidoras, “y esto les impide evaluar si el producto o el servicio que están comprando es realmente sostenible con el medio ambiente”.

Según datos aportados por Consumo en España, el 42% de las afirmaciones ambientales que hacen las empresas son cuestionables, mientras que el 58% de los productos y de los servicios que se ofertan como respetuosos con el medio ambiente carece de la información necesaria para verificarlo, es decir, seis de cada diez productos.

Otro dato que destaca la guía, editada también en inglés, es que, según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas webs, tiendas online o anuncios llevan alguna alegación medioambiental. Y estos certificados influyen positivamente en las compras del 72% de los españoles, tal y como señala una investigación del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible.

“Tenemos que luchar de forma más decidida contra el ecopostureo y esta guía es una buena herramienta para hacerlo, no solo en España, también en toda Europa”, defendió el ministro Bustinduy, quien dijo que el derecho a un consumo sostenible “es fundamental”. Por ello, hizo un llamamiento a las empresas para que cumplan con las regulaciones ambientales y ofrezcan “información veraz con la que puedan avalar que realmente están comprometidas con los objetivos climáticos.”

En la presentación de esta guía también estuvo presente Andrés Barragán, secretario general de Consumo, quien puso en valor que el documento recoge también información respecto a la legislación que existe sobre el greenwashing. Si una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables, explicó, esto podría considerarse una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Barragán detalló que la guía ofrece, además, información de próximos cambios en términos legislativos, tanto desde el gobierno español como desde Bruselas, relacionados con la protección de los consumidores contra las prácticas desleales y mediante una mejor información, y con la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (“Green Claims”).

Acceso a productos sostenibles

Sobre la futura Ley de Consumo Sostenible, el ministro Bustinduy trasladó “el gran impacto positivo que tendrá a nivel ambiental, social y económico” y manifestó que va a favorecer “la transición verde y un entorno de confianza para consumir”. Asimismo, recalcó que la ley garantizará que todas las personas puedan acceder a productos sostenibles “sin depender de los ingresos que tenga cada una” y que este derecho sólo podrá hacerse realidad si tanto las empresas como las administraciones públicas demuestran su compromiso.

Durante la presentación de la guía se puso en valor también la acción que ha liderado Consumo desde España, en coordinación con la Comisión Europea, ante 20 aerolíneas que habrían hecho afirmaciones medioambientales no verificables, y cuya información está siendo monitoreada junto a otras autoridades nacionales de la Red CPC (Red Europea de Cooperación para la Protección a la Persona Consumidora). Ya en abril de 2024 se derivó una advertencia a estas 20 compañías aéreas de los cambios que tenían que hacer para garantizar el cumplimiento de normativa vigente en materia de greenwashing. Actualmente, se está en diálogo con estas aerolíneas a las que se ha advertido que, en caso de que no resuelvan los problemas detectados, las autoridades de la Red CPC podrían adoptar nuevas medidas, incluidas sanciones económicas.