Incumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje

Víctor Moralo Iza. 

Attorney and Partner at ECIJA. 
Área de Urbanismo y Medio Ambiente. 

España necesita medidas adecuadas para cumplir con la agenda europea en materia de preparación para la reutilización y reciclaje, porque ya ha incumplido los objetivos exigidos para el año 2020.

España ha incumplido los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos domésticos y asimilados exigidos para el año 2020 en la Directiva Marco de Residuos. La Unión Europea estableció como meta vinculante para el año 2020 que al menos un 50% de estos residuos municipales se prepararan para ser reutilizados o reciclados. Esta situación de incumplimiento agrava el riesgo de nuevos expedientes de infracción en materia de residuos contra el Reino de España y evidencia el mal punto de partida, la falta de congruencia y, en algunos aspectos, hasta la falta de ambición de la nueva Ley de Residuos y suelos contaminados para la economía circular de 8 de abril de 2022.

Recordemos que en el año 2021 las entidades ecologistas denunciaron ante la Comisión Europea el incumplimiento de este objetivo (expediente ref. CHAP (2021)594), que no prosperó porque la información oficial correspondiente al año 2020 no estaba disponible en ese año, no pudiéndose recabar los datos oficiales sobre la ratio de reciclaje en España, razón por la que se acordó el archivo de la denuncia.

La actual situación de incumplimiento es consecuencia de unos nefastos precedentes. En el 2016, el porcentaje de reciclado de residuos municipales notificado por España a Eurostat era del 30 %, mientras que su tasa de vertido era del 57 %. En el año 2017 la media de los países europeos de residuos municipales reciclados se situaba en el 46,5%, en España este porcentaje se quedaba en el 33,5%. En el año 2018 hubo una ligera mejora, pero el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el año 2019 fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una tendencia a la baja desde 2017. Con estos datos y esta tendencia sólo cabía esperar una declaración de incumplimiento por parte del Estado español, como ya lo hiciera el Gobierno de Baleares en su informe de «Análisis del sistema de gestión de los residuos municipales en las Illes Balears del año 2021».

Efectivamente, la reciente “Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de Competencia Municipal 2020” publicada por el MITERD, refleja los avances en materia de gestión de residuos han sido escasos e insignificantes, y que no se han alcanzado el objetivo inicial del 50% de reciclaje de residuos municipales para 2020. Así, el índice global de reciclaje publicado es del 40,5%, lo que nos sitúa en un flagrante incumplimiento del objetivo de la Directiva Marco de Residuos. Y cuando damos este dato, además debemos tener en cuenta que el 40% dicha cantidad contabilizada como reciclada proviene de la bioestabilización de la fracción resto. Circunstancia que será muy relevante a futuro en tanto que, de acuerdo con las provisiones del artículo 11a de la Directiva 2008/98/CE, en 2027 estas cantidades no se podrán contabilizar a efectos del objetivo de reciclaje. Si hoy hubiera aplicado, la ratio de reciclaje sería del 24,3% lo que nos situaría muy lejos del 50% exigido para el año 2020 y en una posición francamente insuficiente para poder afrontar los retos de recogida separada, preparación para la reutilización y valorización fijados en Europa y exigidos en la Ley de Residuos y suelos contaminados para la economía circular de 8 de abril de 2022.

Efectivamente, el MITERD revela que la mayoría de las Comunidades Autónoma han incumplido de manera rotunda con los objetivos europeos fijados para el año 2020, como es el caso de Andalucía (34,9%), Madrid (28,55%), Baleares (25%), Asturias (23%) o Galicia (20%), pese a que en todos los territorios muchos flujos de residuos ya estaban sujetos a recogida separada y regímenes de responsabilidad ampliada del productor. El MITERD también señala que, de los 20,7 millones de toneladas recolectadas por los Ayuntamientos, el 79% corresponden a la fracción de basura mezclada y el 21% restante corresponde a la recogida selectiva: papel-cartón, envases ligeros y vidrio. Y termina señalando que muchas de las Comunidades Autónomas vierten sin tratar parte de sus residuos, contraviniendo el postulado europeo que exige a los Estados miembros adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que solamente se depositan en vertederos residuos que hayan sido tratados.

Pero estos datos que hoy se hacen públicos eran del todo previsibles. Ya en el año 2018 la Comisión Europea señalaba que España estaba en riesgo de no alcanzar el objetivo para 2020 si no tomaba acciones serias. Literalmente se advertía: «España está en riesgo de no alcanzar el objetivo para 2020, consistente en la preparación de hasta un 50 % de residuos municipales para la reutilización y el reciclado«.

Por todo lo anterior podemos deducir, en buena lógica, que cuando se aprobó la Ley de residuos de 2022 se partía de una situación de incumplimiento que debió haber sido valorada en sus justos términos y de forma adecuada, situación que a día de hoy persiste y que se ve agravada por el retraso sufrido en la transposición de normas comunitarias. Con estos antecedentes, es previsible y probable que no se puedan cumplir los objetivos de prevención y valorización que prevé el artículo 1. 10) y 11) de la Directiva (UE) 2018/851. Tampoco los objetivos previstos en el artículo 1.5) de la Directiva (UE) 2018/852 (de modificación y adición del artículo 6 de la referida Directiva); ni los objetivos y medidas disruptivas establecidas por la Unión Europea en la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, para mitigar el impacto de los plásticos de un solo uso en el medio ambiente. Tal es el caso de los objetivos de recogida separada para su reciclado para determinados productos de plástico, que prevé el artículo 9 de la Directiva UE) 2019/904 para el año 2025 y 2029. Toda vez que muchas de las medidas que se proponen por el legislador español sean insuficientes para la consecución de los referidos objetivos.

A nuestro juicio, en modo alguno ayudan iniciativas legislativas como la Proposición de Ley Nº 122/000281 relativa a la sostenibilidad de la gestión de los envases y sus residuos, presentada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2022, que está pendiente de tramitación, por cuanto que se centran exclusivamente en la competitividad de sectores estratégicos en España y que se debe evaluar la repercusión económica de las medidas y objetivos legislativos, obviando los objetivos ambiciosos a que nos obliga Europa y las razones ambientales que los impusieron.

Es cierto, como bien afirma el Consejo de Estado respecto de la nueva Ley de residuos de 2022, que “se echa en falta un análisis más detallado de la situación en relación con cada uno de los objetivos, pues solo a partir de dicho diagnóstico, puede valorarse adecuadamente la justificación de la decisión adoptada en relación con cada uno de dichos objetivos, cuando las Directivas dan margen para ello”. Pero ciertamente, lo que el legislador omitió fue un análisis certero de la situación de partida, una situación de flagrante incumplimiento que debería obligar a los operadores económicos a una correcta toma conciencia de la situación. Por eso se han de adoptar medidas disruptivas y se ha de acelerar su proceso de adopción, por cuanto que es imposible obviar a estas alturas el principio básico “quien contamina paga” en beneficio exclusivo de la competitividad empresarial y de la libertad de mercado.

Efectivamente, a estas alturas se han de adoptar las medidas necesarias para poder alcanzar los nuevos objetivos europeos, con proporcionalidad, pero también con decisión y voluntad ejecutiva. No es inteligente legitimar una política de “greenwashing” que a la larga perjudicaría a los propios operadores económicos, afectados ya por una nueva responsabilidad ampliada del productor más exigente. En modo alguno les beneficiará eximirse hoy del rigor de la norma para posponer medidas en contra de la verdadera agenda marcada por la Unión Europea, porque será ésta, y no otra, la que termine imponiéndose y condicionando su futuro.