Las industrias cosmética y farmacéutica deberán financiar el tratamiento de aguas residuales

La revisión de la Directiva de aguas residuales urbanas propuesta por el Consejo y el Parlamento Europeo contempla, entre otras novedades, que estos sectores paguen el 80% de los costes de eliminación de microcontaminantes a través de sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Los negociadores del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo alcanzaron ayer un acuerdo provisional sobre una propuesta de revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La directiva revisada es uno de los principales resultados del plan de acción de la UE para una contaminación cero.

Alain Maron, ministro del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital, responsable de cambio climático, medio ambiente, energía y democracia participativa, explicó que el acuerdo alcanzado «prepara el camino para establecer las normas más estrictas en materia de tratamiento de las aguas residuales urbanas y su control para que no liberen sustancias nocivas, como microplásticos o PFAS, en el medio ambiente».

Aunque la directiva actual ha demostrado ser eficaz para reducir la contaminación del agua y mejorar el tratamiento de los vertidos de aguas residuales en las últimas tres décadas, esta revisión pretende actualizar la directiva ampliando su ámbito de aplicación y alineándola con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Al reconocer el potencial del sector del tratamiento de aguas residuales para contribuir a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE, las nuevas normas introducen un plazo para alcanzar la neutralidad energética en el sector, así como un régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para garantizar una contribución equitativa de los sectores más contaminantes al tratamiento de aguas residuales en lo que respecta a los microcontaminantes.

Ámbito de aplicación ampliado

Para hacer frente a la contaminación procedente de las pequeñas aglomeraciones, los colegisladores ampliaron el ámbito de aplicación de la directiva para incluir todas las aglomeraciones de 1.000 habitantes equivalentes (e-h) o más, frente a los 2.000 de la directiva actual. A efectos de esta directiva, el habitante equivalente es un parámetro utilizado para definir las cantidades de aguas residuales en términos de carga potencial de contaminación del agua causada por una persona al día, siendo «un habitante equivalente» la carga biodegradable orgánica diaria que tiene una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días de 60 g de oxígeno al día.

Sistemas colectores  y planes de gestión

Los colegisladores acordaron que la obligación de establecer sistemas colectores de aguas residuales urbanas debía ampliarse a todas las aglomeraciones de 1.000 e-h o más. También aplazaron la fecha límite para el cumplimiento de esta obligación de 2030 a 2035, con el fin de disponer de tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos. Introdujeron una serie de excepciones, entre ellas para las aglomeraciones más pequeñas que vierten en aguas costeras, los vertidos en zonas menos sensibles y para los Estados miembros de más reciente adhesión a la UE, como Rumanía, Bulgaria y Croacia.

Si el establecimiento de un sistema colector no está justificado, no es viable o no es rentable, los Estados miembros pueden utilizar sistemas individuales para recoger y tratar las aguas residuales urbanas.

El texto fija plazos para que los Estados miembros establezcan un plan de gestión integrada de las aguas residuales urbanas que abarque las aglomeraciones de más de 100.000 e-h antes de 2033, y las aglomeraciones de riesgo de entre 10.000 y 100.000 e-h antes de 2039. Estos planes de gestión integrada se revisarán al menos cada seis años, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua.

Tratamientos de aguas residuales

El Consejo y el Parlamento ampliaron la obligación de aplicar un tratamiento secundario (es decir, la eliminación de la materia orgánica biodegradable) a las aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente a todas las aglomeraciones de 1.000 e-h o más de aquí a 2035. Las excepciones se aplican a las aglomeraciones más pequeñas y a los Estados miembros que se han adherido recientemente a la UE y que, por tanto, ya han tenido que hacer inversiones significativas más recientes para aplicar la directiva actual (es decir, Rumanía, Bulgaria y Croacia).

Los colegisladores también alinearon los umbrales y plazos para el tratamiento terciario (es decir, la eliminación de nitrógeno y fósforo) y el tratamiento cuaternario (es decir, la eliminación de un amplio espectro de microcontaminantes). Para 2039 y 2045, respectivamente, los Estados miembros tendrán que garantizar la aplicación del tratamiento terciario y cuaternario en las grandes plantas de 150.000 e-h o más, con objetivos intermedios en 2033 y 2036 para el tratamiento terciario y en 2033 y 2039 para el cuaternario. Los colegisladores acordaron ampliar las obligaciones de tratamiento terciario y cuaternario en 2045 para las aglomeraciones más pequeñas de 10.000 e-h o más que viertan en zonas que cumplan determinados criterios basados en el riesgo. Introdujeron una excepción a la obligación de tratamiento terciario cuando las aguas residuales urbanas tratadas se reutilicen para el riego agrícola, siempre que no existan riesgos ambientales y sanitarios.

Responsabilidad ampliada del productor

Para cubrir los costes adicionales que conlleva el tratamiento cuaternario y de acuerdo con el principio de «quien contamina paga», los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos que contaminan las aguas residuales urbanas con microcontaminantes tendrían que contribuir con un mínimo del 80% de los costes de este tratamiento adicional, a través de un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP).

Los colegisladores acordaron dejar a los Estados miembros cierta flexibilidad a la hora de asignar los costes restantes. Los costes de recopilación y verificación de datos sobre los productos comercializados también deberán correr a cargo de los productores. Los colegisladores encargaron a la Comisión que evaluara el impacto potencial de esta disposición sobre la accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos.

Neutralidad energética y energías renovables

Los colegisladores coincidieron en que el sector del tratamiento de las aguas residuales urbanas podría desempeñar un papel importante en la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a la UE a alcanzar su objetivo de neutralidad climática. Introdujeron un objetivo de neutralidad energética, lo que significa que para 2045 las depuradoras de aguas residuales urbanas tendrán que producir energía a partir de fuentes renovables, basándose en auditorías energéticas periódicas, con objetivos intermedios progresivos. Esta energía puede producirse dentro o fuera de las instalaciones, y hasta un 35% de la energía no fósil puede comprarse a fuentes externas. Este porcentaje sólo se aplica al objetivo final.

El acuerdo provisional se presentará ahora a los representantes de los Estados miembros en el Consejo (Coreper) y a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento para su aprobación. Si se aprueba, el texto deberá ser adoptado formalmente por ambas instituciones antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor.