Investigadas 22 empresas de toda España por la gestión irregular de residuos electrónicos

La documentación analizada por la Guardia Civil revela que cerca de 600.000 kilos de compresores han sido enviados a Pakistán sin que se puedan acreditar una correcta descontaminación, a los que habría que añadir otros 133.000 kilos localizados en las empresas inspeccionadas.

La Guardia Civil ha investigado a 22 empresas ubicadas en diversas provincias como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por actos continuados de contaminación, por medio del tratamiento y comercialización incorrecta de residuos peligrosos procedentes de aparatos eléctricos o electrónicos.

Los agentes del SEPRONA han desarrollado la operación Redivivu a nivel nacional e internacional durante más de un año. Durante ese tiempo, se ha examinado documentación que indica que casi 600.000 kilos de compresores han sido enviados a Pakistán sin que se pueda acreditar una correcta descontaminación.

Además, los investigadores han localizado más de 133.000 kilos de compresores (15.019 unidades) en las empresas inspeccionadas de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca.

La suma total de los compresores enviados a Pakistán y los encontrados en territorio nacional supondrían una emisión aproximada de 35.385 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La investigación comenzó el febrero del pasado año 2020 durante la inspección a una empresa gestora de residuos, cuando los agentes descubrieron que el tratamiento y comercialización que daban a los componentes procedentes del tratamiento para la descontaminación de aparatos eléctricos o electrónicos era totalmente incorrecta.

Bajo la sospecha de que podría haber más empresas implicadas, se decidió investigar los lugares de origen y tránsito de estos y otros residuos, así como el destino final de los mismos. En total se inspeccionaron 43 empresas en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.

En muchas de ellas, se localizaron compresores sin descontaminar y que no contaban con las autorizaciones preceptivas para el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). Sin embargo, el método más habitual fue el de la “canibalización”, que consiste en desmontar los aparatos rompiéndolos de forma abrupta o cortando directamente los tubos de los frigoríficos, para conseguir sacar el cobre u otras piezas de valor del interior.

Del estudio de la documentación, se comprobó que el destino de los compresores era Pakistán, donde finalmente se tratarían en una planta de desmantelamiento para su posterior fundición.

Consecuencias ambientales muy perjudiciales

La rotura de los compresores de aparatos eléctricos o de otros componentes sin las herramientas adecuadas provoca el escape de gases contaminantes a la atmósfera, y el vertido al suelo y subsuelo de aceites peligrosos, con el peligro que ello conlleva; además, hace que su reutilización sea prácticamente inviable.

A modo de ejemplo, un frigorífico consta de un circuito cerrado para su funcionamiento, y siempre que se libera dicho circuito extrayendo el compresor, se emite a la atmosfera alrededor de un 30% de los gases del aparato (aproximadamente tiene 300 gramos y se emiten 90 gramos por compresor desmontado). La extracción de los compresores de los aparatos de aire acondicionado, si se realiza conforme a la ley, es probable que no emita gases a la atmósfera (poseen bomba de vacío y válvula para extracción). Una máquina de aire acondicionado posee aproximadamente 700 gramos de gases.

22 empresas investigadas por toda España

Todas las conductas descritas anteriormente son consideradas potencialmente peligrosas por la composición de las emisiones y vertidos (administrativamente prohibidos) y, además, porque tales agresiones medioambientales han podido ocasionar importantes efectos nocivos.

La Guardia Civil ha investigado 22 empresas situadas en las provincias de Alicante (6), Valencia (4), Murcia (6), Almería (2), Málaga (1), Albacete (1), Ciudad Real (1) y Mallorca (1), como presuntamente responsables de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, por actos continuos de contaminación con provocación o realización directa o indirecta de emisiones o vertidos a la atmosfera y al suelo y el subsuelo, prolongados en el tiempo, así como una inadecuada gestión, control y/o vigilancia de residuos peligrosos.

En cuanto a otras normativa, fuera del Código Penal, se han cometido infracciones a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, que regula la Comercialización y Manipulación de Gases Fluorados, así como disposiciones de rango superior como las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea, o inferior, como Normativa Autonómica o Local.