La CE espera información sobre el posible almacenamiento de residuos nucleares en Garoña

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, afirmó este martes que la Comisión Europea (CE) no ha recibido todavía ninguna información sobre la posible instalación de un almacén de residuos nucleares en la central española de Garoña (Burgos), aunque la espera.

«La Comisión espera recibir esa información en virtud del artículo 41 del Tratado Euratom , que dispone que los proyectos de inversión en el ámbito nuclear le sean comunicados a ella«, dijo Arias Cañete, quien agregó que «hasta la fecha, sin embargo, no ha recibido ninguna comunicación referente a la posible instalación de un almacén de residuos nucleares en la propia central«.

Así se pronunció el comisario europeo en una respuesta a una pregunta escrita formulada por la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, quien se interesó por si la Comisión Europea (CE) tenía información sobre ese posible proyecto.

Bilbao también preguntó si la CE conocía el «grado de ejecución» del plan de acción para Garoña establecido en las Instrucciones Técnicas Complementarias impartidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español -que recordó que es competencia de Bruselas supervisar-, que incluye medidas tras el incidente en la central japonesa de Fukushima.

Arias Cañete indicó que «esperamos recibir más información sobre la ejecución de esas Instrucciones en el informe de situación referente a la aplicación en España de su plan de acción nacional«.

Por último, la eurodiputada quiso saber si la CE considera que el CSN «puede embargar información referida a la reapertura» de esta central, tras declarar «confidenciales» los informes relacionados, según dijo.

El comisario respondió que, por disposición de la directiva de Seguridad Nuclear de 2009, los Estados miembros «deben garantizar que la información sobre la seguridad de las instalaciones nucleares sea accesible al público«.

Todo ello «de acuerdo con la legislación nacional y con las disposiciones internacionales» y siempre que ello «no ponga en peligro otros intereses que, como la protección, estén reconocidos en esas normativas«.

Arias Cañete también recordó que, en su informe de mayo de 2014 sobre la aplicación de dicha directiva, España «describió varias medidas que garantizan la transparencia en esta materia«.

«Por lo demás, esa obligación de información ha sido reforzada con la modificación de la directiva de Seguridad Nuclear, que ha de ser transpuesta por España no después de agosto de 2017«, apuntó.

El 3 de febrero todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el Partido Popular, registraron en el CSN una carta para pedir al presidente del organismo regulador, Fernando Martí, una moratoria en el proceso de renovación de la licencia de la central de Garoña, que está parada desde finales de 2012 por decisión de su propietario (Nuclenor, participada al 50 % por Endesa e Iberdrola).

Fuente: EuroEFE