La Diputación de Ourense gestionará las plantas de residuos de Ribeiro y Celanova

Con estas dos instalaciones, la entidad provincial pasará a gestionar las 11 plantas de transferencia de residuos de la provincia.

La Diputación de Ourense pasará a gestionar directamente las plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos de las comarcas de Ribeiro y Terras de Celanova. La propuesta ya ha sido tratada en la Comisión Informativa de Agricultura y Medio Ambiente del ente provincial, y será debarida en el pleno ordinario del presente mes de abril para su aprobación.

De esta manera, la Diputación se hará cargo de la gestión de todas las plantas de residuos de la provincia de Ourense (un total de 11), con el objetivo de ayudar a los concejos en la reducción de costes en la prestación de los servicios de recogida y gestión de residuos.

Según el presidente provincial, Manuel Baltar, esta medida “se enmarca dentro de la finalidad de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que atribuye a la Diputación, como competencia propia, la prestación del servicio de tratamiento de residuos, del que forma parte el servicio de transferencia, en municipios de menos de 5.000 habitantes”.

La infraestructura del servicio público supramunicipal de transferencia de residuos sólidos urbanos está integrada por 11 plantas de transferencia, distribuidas por todo el territorio provincial. Estas instalaciones prestan servicio a 73 municipios, cubriendo las áreas geográficas alejadas de las plantas de que dispone Sogama en la provincia, situadas en A Rúa y San Cibrao das Viñas.

Tras ocho años de experiencia en el funcionamiento del servicio, y según los objetivos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la Diputación de Ourense considera que a partir del 1 de enero de 2015 será la institución provincial quien deba asumir la gestión del servicio de transferencia de residuos sólidos en toda la provincia. El objetivo, según explica en un comunicado, es “evitar discriminaciones entre los distintos concejos debido al diferente modelo de financiación del servicio, pues mientras el coste de las plantas gestionadas por la Diputación es soportado por la propia administración provincial –sin repercusión para los concejos–, en las plantas gestionadas por las mancomunidades, son estas las que asumen los costes, lo que implica que los concejos están obligados a contribuir a su financiación”.