Arranca la primera Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears

Las Illes Balears tendrán, esta legislatura, la primera Ley de Residuos y Suelos Contaminados de la comunidad autónoma, dando, así, cumplimiento a uno de los Acuerdos por el Cambio.

En las Illes Balears no existía un marco normativo en materia de residuos, de manera que todo se tenía que aplicar en base a la normativa estatal, motivo por el cual la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca «quiere hacer una apuesta decidida en materia de residuos a raíz del retraso histórico que lleva la comunidad autónoma en la consecución de objetivos europeos».

Esta semana se han iniciado las jornadas de participación de la ley en todas las islas, que se complementan con una web

Así lo explicó el director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, Sebastià Sansó, que subrayó que «de aquí surge la necesidad de llevar a cabo acciones contundentes para poder avanzar hacia la reducción de los residuos, el aumento de la preparación para la reutilización, el reciclaje, y la economía circular».

Por eso la Ley concreta las obligaciones para conseguir los objetivos de reciclaje que marca la Unión Europea, como las obligaciones de recogida selectiva, los centros de recogida y las tarifas diferenciadas, entre otros que, en paralelo, tienen que contar con ayudas para conseguir dichos objetivos. Estas acciones que, en definitiva suponen un cambio de modelo, generan también la necesidad de disponer de un fondo económico para hacerlo posible.

La Ley se divide en ocho títulos que contienen 61 artículos, además de cuatro disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una disposición derogatoria única.

Para empezar, lo primero que hace la Ley es aclarar competencias y planificar en materia de residuos en las Illes Balears, además de definir el papel de coordinador entre islas que ostentará el Govern sin perder de vista los municipios, que son la clave del cambio en la gestión de los residuos.

Así, el Govern se adelanta a la ley estatal adoptando los objetivos aprobados recientemente por el Parlamento Europeo, pero que todavía no han sido trasladados a la legislación, como establecer un objetivo del 3% para el 2025 de preparación para la reutilización de los residuos municipales de origen doméstico y un 5% para el año 2030.

El espíritu de la ley es incidir con la jerarquía de residuos y potenciar en primer término la reducción de la producción de los residuos

Unos residuos, los domésticos, en los cuales se incluye la recogida de la materia la orgánica, el textil y el aceite vegetal y la separación de los residuos peligrosos de origen domiciliario, estableciendo el plazo de un año para los entes locales para su implantación. Precisamente, se quiere potenciar la intervención de entidades de cariz social en la recogida y la preparación para la reutilización de los residuos textiles.

Y es que el espíritu de la ley es incidir con la jerarquía de residuos y por lo tanto potenciar en primer término la reducción de la producción de los residuos, la preparación para la reutilización y el reciclaje.

Así, será obligatorio que todos los municipios presten servicios de punto limpio a los ciudadanos, ya sea de forma independiente o mancomunada. También tendrán que prever la recepción de residuos destinados a la preparación para la reutilización y tendrán que recibir los residuos peligrosos de origen doméstico, con el objetivo de asegurar una correcta gestión de este tipo de residuos.

«Potenciamos también el autocompostaje sobre todo en núcleos rurales aislados y reducidos de población y apostamos por la calidad del compuesto incidiendo con el umbral máximo de un 5% de impropios (residuo que como consecuencia de una separación incorrecta no corresponde a la fracción de residuo en la cual ha sido incorporada)», subrayó Sansó.

Toda la ley tiene en cuenta los principios de la autosuficiencia y proximidad, es decir, tratar el máximo de residuos en las Islas Baleares y preferentemente que cada isla pueda gestionar correctamente sus propios residuos. Además, prevé la prohibición de entrada de residuos: «no queremos ser el estercolero de Europa», recalcó el director general.

Toda la ley tiene en cuenta los principios de la autosuficiencia y proximidad, es decir, tratar el máximo de residuos en las Islas Baleares

La transparencia es otro pilar de la ley: no sólo porque incluye el concepto de quien «contamina paga» sino porque exige la transparencia de las tarifas, tasas y precios públicos de recogida y de tratamiento, que además se verán reducidos con bonificaciones por buenas prácticas o por razones sociales.

Unas bonificaciones que se podrán conseguir gracias a la creación del fondo de gestión de residuos, que se destinará a financiar infraestructuras y /o operaciones relacionadas con la gestión de los residuos y se alimentará de lo recaudado a través de sanciones o subvenciones, aportaciones y donaciones, como las que aportan los Sistemas de Gestión Integrado.

Precisamente, el régimen sancionador de la Ley abre la posibilidad de que las entidades colaboradoras en materia de medio ambiente puedan hacer tareas de inspección y control de las instalaciones de gestión de residuos, se podrá sancionar como infracción leve el «turismo de residuos» y se habilitará el reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor y el pago voluntario, que comportará una reducción del importe.

Por otra parte se crea el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears, que es público y recogerá todos los datos de los productores y gestores de residuos de Baleares. De hecho, los productores de residuos peligrosos de más de 10 tn/ año y los de residuos no peligrosos que generan más de 1000 tn/año tienen que presentar estudios de minimización de residuos que tendrán una duración de 4 años.

A nivel de residuos comerciales, a partir del 1 de enero de 2019 los establecimientos comerciales no podrán utilizar bolsas de plástico sólo podrán usar bolsas de plástico muy ligeras, para la compra a granel. Un año después quedará prohibida la venta de vajillas de un solo usp, a no ser que sean biodegradables o aptas para el compostaje doméstico.

Con respecto a los consejos insulares podrán implantar otros sistemas de reutilización de residuos, como el sistema de depósito y retorno de envases, en diferentes supuestos, como por ejemplo cuándo no se cumplan los objetivos de gestión fijados a la normativa vigente.

Incumplir el Plan de Gestión de Residuos de las Illes Balears supondrá la pérdida de ayudas y subvenciones a los ayuntamientos

Ahora bien, el Govern podrá asumir las competencias insulares en residuos cuando el Estado le notifique el inicio de un procedimiento sancionador europeo por incumplimiento de la normativa por parte de un consejo insular o cuando incumpla la normativa en la elaboración del plan de gestión de residuos no peligrosos.

Por otra parte, el incumplimiento del plan de gestión de residuos de las Illes Balears comportará la pérdida de ayudas y subvenciones por parte de los ayuntamientos y que los consejos insulares puedan ostentar sus competencias si afecta significativamente a la consecución de los objetivos fijados.

En materia de cooperación, tanto el Govern como los consells pueden incluir instalaciones mixtas para el tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.

La ley prevé la creación de un Inventario de suelos degradados y contaminados de las Illes Balears donde se tenga en cuenta una nueva categoría, los suelos degradados y prevé su recuperación voluntaria.

El despilfarro de alimentos es otro de los frentes que aborda la Ley: «el Govern promoverá un pacto social que se concretará con un Código de Buenas Prácticas con la participación de todos los agentes implicados y que derivará con un decreto de obligado cumplimiento», desgranó Sansó.

Participación

El anteproyecto de Ley inicia ahora un proceso de participación con jornadas en cada isla y la habilitación de la web residus.caib.es para hacer aportaciones, tal como han pedido los implicados.

En total se llevarán a cabo seis talleres de participación ciudadana este mes aparte de otras reuniones sectoriales, antes de obtenerse un texto definitivo que tendrá que salir a audiencia pública, previsiblemente el mes de junio.

Se prevé que la Ley se apruebe en el Parlamento a finales de este año o principios de 2018.

La primera Ley de Residuos de las Illes Balears será de las normativas autonómicas que habrá dado más voz a los ciudadanos mediante la participación, tal como ha explicado el director general de Participación y Memoria Histórica, Manel Santana, quien recordó que «su conveniencia y los puntos que tendría que recoger ya fueron objeto de la pregunta del mes de diciembre de 2015, en la cual participaron 802 personas. Después, por consulta previa a la elaboración de la normativa y ahora, una vez acabado el borrador del anteproyecto de Ley vuelve a salir a participación ciudadana utilizando tanto las herramientas telemáticas a nuestro alcance como las reuniones presenciales con diferentes sectores que seguro que enriquecerán la ley».

En este sentido, Santana subrayó que la participación es «clave para entender el funcionamiento de las instituciones y para saber el modelo que queremos tener».