Más del 60% de los residuos electrónicos generados en Andalucía se gestionan de forma ilegal

El Seprona desmantela en Sevilla una nave donde convivían pilas y acumuladores, lámparas y tubos fluorescentes con mercurio y equipos con gases refrigerantes junto a conservas, galletas y chocolate destinados al consumo humano.

Ecologistas, consumidores y Guardia Civil están sumando esfuerzos para evitar nuevos episodios contaminantes en el medio ambiente andaluz. La Organización de Consumidores y Usuarios estima que el 60% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) acaba en vertederos ilegales y no llega a las plantas de tratamiento autorizadas. Ecologistas en Acción denuncia que es una práctica “intolerable y una amenaza evidente para la salud”. El Seprona de la Guardia civil ha tramitado, en lo que va de año, 157 infracciones en materia de residuos peligrosos sólo en la provincia de Sevilla.

Distintas organizaciones coinciden en el “grave perjuicio” que está sufriendo el medio ambiente andaluz con la sucesión de episodios contaminantes en los últimos meses merced al incremento de la actividad de chatarrerías, desguaces y vertederos ilegales.

El último ha ocurrido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el Polígono La Red. Allí, en el interior de una nave convivían viejos frigoríficos, lavadoras, televisores en desuso y pilas y acumuladores con mercurio junto a galletas y chocolates destinados al estante de los supermercados y, por tanto, al consumo humano. Se trata de un almacén no autorizado para el depósito de este tipo de residuos. El Seprona de la Guardia Civil logró corregir la situación. La infracción administrativa cometida es de carácter grave, y la sanción podría alcanzar los 300.000 euros.

El 60% de los RAEE no se descontamina

Uno de los últimos estudios de campo en materia de residuos eléctricos y electrónicos ha sido promovido por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Instaló un dispositivo GPS a electrodomésticos y ordenadores en desuso para conocer su destino. El resultado fue que el 60 por ciento los RAEE no llegan a las plantas autorizadas para su correcto tratamiento y acaban en vertederos y empresas no autorizadas contaminando el medio ambiente.

La OCU solicita que se “audite el sistema actual del reciclado y se dé transparencia informando con claridad de cuánto se paga por el mismo, cuánto se invierte en él y cuánto se recicla”. Además insta a que se “profesionalice el sistema y se garantice un correcto reciclado para proteger el medio ambiente y la seguridad ciudadana”.

Por último pide “que se controle el cumplimiento de la Ley y el correcto funcionamiento de los puntos de entrega, eliminando circuitos alternativos que no garantizan una descontaminación antes de proceder al reciclado”.

“Amenaza evidente para la salud”

Por su parte, Ecologistas en Acción califica la situación de “escandalosa”. Estima “que una enorme cantidad de RAEE se están desviando de su destino obligatorio: las plantas de reciclado, para reventarlos, extraer lo más valioso y finalmente depositarlos en vertederos” ilegales.

La organización cree que los responsables de esta “inaceptable situación tienen nombres y apellidos, tanto por acción como por omisión.” Recuerda que los electrodomésticos llevan incorporado en su precio el coste de gestión para cuando se conviertan en residuo. Denuncia que los “fabricantes están percibiendo indebidamente un dinero por todos los RAEEs que se transportan” a vertederos y lugares no autorizados en lugar de llevarlos a plantas autorizadas de tratamiento y reciclaje.

Para Ecologistas en Acción, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, tiene una “evidente responsabilidad por su inacción y pasividad a la hora de erradicar mediante sanciones ejemplares y disuasorias estas prácticas ilegales. El plomo, mercurio, cadmio, cromo o plásticos bromados –añade– están suponiendo una amenaza para la población al ser manipulados y vertidos por personas irresponsables”.

La Comisión Europea extrema el control

Por otro lado, la Comisión Europea ha planteado recientemente nuevas propuestas normativas para combatir el envío ilegal de residuos desde Europa a países en vías de desarrollo. Para ello va a poner en marcha programas de control estricto.

La Comisión estima que en torno al 25% de los residuos enviados por la Unión Europea (UE) a estados asiáticos y africanos podrían incumplir las regulaciones internacionales a causa de las inadecuadas inspecciones de todos los Estados miembros.

Bruselas denuncia igualmente que las empresas aprovechan la distensión en los controles de ciertos países europeos para la utilización de sus puertos como punto de partida y poder exportar sus residuos transgrediendo las normas.

Medidas insuficientes

El sector del tratamiento y descontaminación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) “agradece” a todos los agentes el esfuerzo pero cree “insuficientes” las medidas adoptadas por las autoridades españolas y andaluzas en tanto que detectan un incremento notable en la actividad de chatarreros ilegales “que nadie frena”.

Al mismo tiempo se han multiplicado la apertura de vertederos y desguaces con presencia de material muy nocivo para el ser humano y perjudicial para el medio ambiente como el mercurio de pilas y acumuladores y gases refrigerantes de climatizadores.

Las empresas encargadas de la descontaminación de estos aparatos instan a las autoridades a reforzar el control en comercios, transportistas y almacenes, e incrementar las inspecciones en desguaces, vertederos y chatarrerías a fin de contener la presencia de aparatos canibalizados perjudicando el medio ambiente andaluz. “En juego está –aseguran– el futuro de nuestro entorno”.