Navarra crea un consorcio público-privado para gestionar proyectos de tratamiento de aguas residuales

Gestionado por la Fundación MODERNA, estará formado por el Gobierno foral, nueve empresas del sector y dos centros tecnológicos. El objetivo es desarrollar proyectos de depuración en el resto de España y el extranjero.

Navarra ha impulsado la creación de un consorcio público-privado de empresas con el fin de poder acometer la gestión de proyectos de tratamiento de aguas residuales en el resto de España y en el extranjero.

Gestionado por Fundación MODERNA, entidad que promueve la colaboración público-privada, el consorcio lo integran el Ejecutivo foral, a través de la sociedad pública NILSA, junto con nueve empresas y entidades: Aqualia, Arian, EIN, Ingeniería Proyectos Navarra, Iniciativas Innovadoras, Kaizen-Eureka y Whitebiotech, así como los centros tecnológicos AIN y CNTA.

El proceso de formación del consorcio se inició a finales del 2013, cuando se publicó un pliego de condiciones abierto para participar en esta iniciativa, que recibió nueve candidaturas. Todas ellas cumplían las condiciones mínimas de solvencia, experiencia y capacidad para formar parte del proyecto.

El pasado jueves tuvo lugar en la sede de MODERNA el acto de constitución del grupo, presidido por el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y presidente de NILSA, José Javier Esparza. El consejero destacó que “el consorcio ha estudiado ya más de 25 proyectos a nivel nacional e internacional, que incluyen desde la comercialización y trabajos de consultoría territorial, jurídica, técnica y medioambiental, hasta el diseño, construcción y gestión de las instalaciones para el tratamiento de aguas residuales”.

El papel de NILSA es coordinar las competencias y experiencias de las empresas en el sector, así como facilitar las relaciones con otras entidades públicas e institucionales nacionales e internacionales.

En la actualidad, NILSA gestiona más de 85 instalaciones que dan servicio a localidades de más de 2.000 habitantes de toda Navarra, lo que ha hecho posible cumplir la directiva europea de aguas residuales 91/271, “único caso en España”, defienden desde el Gobierno foral. Cabe indicar que esta norma establece un marco comunitario para la depuración de las aguas residuales, y establece la obligación de depurar las aguas residuales procedentes de concentraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes.