Los gestores de residuos europeos reclaman normas de traslado de residuos electrónicos «claras y eficaces»

FEAD y EERA aseguran que los procedimientos innecesariamente pesados, costosos y largos son impedimentos comerciales para los modelos de negocio circulares.

Con motivo de las últimas enmiendas al Convenio de Basilea sobre residuos electrónicos y el debate en curso sobre su integración en la Decisión de la OCDE, las organizaciones europeas de gestores de residuos, FEAD, y recicladores de residuos electrónicos, EERA, consideran crucial poner sobre la mesa de negociación la necesidad de contar con unas normas de traslado claras y eficaces.

En un comunicado conjunto, estas entidades afirman que para hacer posible la economía circular de forma competitiva e impulsada por la innovación, con el mínimo impacto medioambiental, los gestores de residuos necesitan una economía de escala en la que los productos al final de su vida útil puedan encontrar su camino hacia las instalaciones más adecuadas y especializadas para ser reciclados en valiosas materias primas secundarias que vuelvan a entrar en la cadena de valor del producto.

Los procedimientos innecesariamente pesados, costosos y largos son impedimentos comerciales para los modelos de negocio circulares, que se basan en mercados abiertos y seguros, afirman FEAD y EERA.

Tras una encuesta realizada entre los miembros de ambas asociaciones, los resultados muestran claras deficiencias y grandes disparidades, por ejemplo, en la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo. Por lo tanto, consideran fundamental actualizar y mejorar el procedimiento para que sea sencillo, en línea y transparente, reforzando la condición de consentimiento previo para las instalaciones y revisando las garantías financieras mediante la inclusión de un enfoque basado en el riesgo.

FEAD y EERA abogan firmemente por este tipo de mejoras que faciliten el comercio de materiales reciclables de una manera ambientalmente sana y económicamente eficiente, y esperan que los ejemplos prácticos proporcionados sirvan al legislador y a las autoridades competentes para abordar la cuestión y aplicar las reformas necesarias en el sistema.

Kurt Kyck, presidente de EERA, asegura que «el estatus de consentimiento previo para las instalaciones debe convertirse en una realidad reconocida por todas las autoridades competentes de los países de la OCDE. Para que esto ocurra, debe convertirse en una obligación de aplicación, y no en una mera posibilidad. Es preocupante ver que 30 años después de su regulación, los miembros informaron de que había poca o ninguna diferencia en la carga administrativa y financiera entre un envío realizado a una instalación preconsentida o no».

Por su parte, Peter Kurth, presidente de la FEAD, afirma que «los procedimientos de notificación son actualmente largos y gravosos, lo que debe cambiar si queremos hacer realidad la economía circular. En este sentido, también es importante la unificación y armonización de los costes administrativos. Actualmente son prohibitivos y no son proporcionales al riesgo, los costes o el trabajo que conllevan, y aumentan significativamente la carga financiera global de los operadores legítimos de residuos electrónicos a nivel mundial. Lo que pedimos son unos requisitos armonizados, transparentes y basados en el riesgo que den lugar a unos costes administrativos razonables y justificables».