Organizaciones sociales exigen la prohibición por ley de la obsolescencia programada

Sindicatos y ONG solicitan al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que la nueva norma sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluya una serie de medidas efectivas que fomenten la prevención y la preparación para la reutilización.

Organizaciones de la sociedad civil han enviado sus alegaciones a la nueva Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) –que debe implantarse este año en España–, solicitando la inclusión de medidas adecuadas en el Real Decreto para proteger el medio ambiente y las personas.

A una semana de que termine el plazo de participación para la trasposición de la Directiva de RAEE, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, AERESS, CCOO y UGT han solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una gestión que priorice la reducción de residuos, la reparación de los dispositivos eléctricos y electrónicos y la prohibición de la obsolescencia programada, entre otras medidas.

Según destacan estas entidades en un comunicado, “la situación actual en la gestión de residuos electrónicos es insostenible; la escasa recogida de este tipo de residuos a través de los canales adecuados y el gran descontrol en el destino final de los mismos hacen necesario poner en marcha sistemas más eficientes para su tratamiento”.

Los materiales con los que se fabrican estos aparatos son en su mayoría escasos y valiosos, por lo que la falta de reparación, reutilización y reciclaje provoca un despilfarro de recursos naturales. Pero a su vez, son muy contaminantes, lo que conlleva impactos muy graves tanto en las zonas donde se extraen los materiales como en aquellas donde se depositan sus residuos.

La situación actual en la gestión de residuos electrónicos es insostenible; la escasa recogida de este tipo de residuos a través de los canales adecuados y el gran descontrol en el destino final de los mismos hacen necesario poner en marcha sistemas más eficientes para su tratamiento

Red de recuperadores

España ya cuenta con redes de reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, gran parte gestionadas por empresas sociales, que aportan un valor añadido a las mejoras ambientales evidentes. Actualmente, la red de recuperadores vinculada a la economía social genera 1.746 empleos en España, de los que casi la mitad son desempeñados por personas en riesgo o exclusión social. Si se gestionase más cantidad de material, se estima que se podría llegar a los 3.583 puestos e trabajo. En toda Europa la red de recuperadores sociales emplea a 40.000 trabajadores.

A pesar de la proliferación de estas nuevas alternativas, “es indispensable el apoyo institucional y legislativo que asegure la reutilización a través de objetivos vinculantes entre fabricantes y distribuidores”, destacan las organizaciones sociales en su comunicado.

Por ello, solicitan que el nuevo real decreto asegure:

• Medidas efectivas de reducción en la generación de residuos, como el alargamiento de las garantías y la prohibición de la obsolescencia programada, tal y como ha sucedido en Francia recientemente.
• El porcentaje mínimo del 5% de preparación para la reutilización, asegurando la disponibilidad de residuos con las condiciones adecuadas para la reparación y reutilización en los centros especializados.
• Una financiación garantizada de la preparación para la reutilización en coherencia con la Responsabilidad Ampliada del Productor.
• Un control férreo por parte de las Administraciones públicas del destino de los RAEE y su tratamiento final.
• Un impulso a las empresas sociales para la reparación, reutilización y reciclaje de residuos.

La reutilización junto con el desmontaje manual son el escenario con mayor potencial de generación de empleo, según se recoge en el estudio publicado por el Gremi de Recuperació de Catalunya, que estima en más de 4.700 los empleos directos que podrían generarse. Por otro lado, fuentes del sector de la gestión de RAEE señalan que podrían crearse más de 9.000 puestos de trabajo directos si se realizara el tratamiento legalmente establecido.

Una gestión sostenible de los residuos RAEE no solo beneficiará a la ciudadanía española, sino a las poblaciones de países empobrecidos; gran parte de las materias primas que se utilizan provienen de otros países y en su extracción provocan problemas sociales y ambientales, como contaminación de agua y aire, desplazamiento de comunidades y violación de los derechos humanos. Además, un gran porcentaje de residuos también acaban en países no industrializados, favoreciendo la proliferación de vertederos incontrolados.

“Con la publicación del próximo Real Decreto se debería poner solución a todos los problemas mencionados, favoreciendo la reducción, reutilización, reparación y el reciclaje, con la creación de empleo asociada a estas medidas”, concluye el comunicado.