El texto incorpora una visión global del sistema agroalimentario, desde las pérdidas de alimentos en campo hasta el desperdicio de todas las fases posteriores de la cadena.

Desperdicio alimentario
Foto: RESIDUOS PROFESIONAL

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el dictamen de comisión del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por 269 votos a favor, ningún voto en contra y 70 abstenciones, con la incorporación de algunas de las enmiendas que los grupos habían mantenido vivas para su debate en el Pleno.

Esta iniciativa, que continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, tiene por objeto «la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos» por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución y dando respuesta «al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030».

Así, el texto incorpora una visión global del sistema agroalimentario, desde las pérdidas de alimentos que se quedan en campo, hasta el desperdicio alimentario de todas las fases posteriores de la cadena.

El colectivo #LeySinDesperdicio, formado por organizaciones sociales y ambientales, ha celebrado en un comunicado los avances alcanzados en el texto de la futura ley, si bien considera que «podría haber sido algo más ambiciosa y transformadora». En cualquier caso, considera que da un paso importante en la dirección correcta para la prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, «máxime en un momento como el actual con elevada inflación, escasez y carestía de recursos (agua, energía,…), emergencia climática y pobreza alimentaria».

La Cámara Alta dispondrá de un plazo de dos meses para aprobar la norma en los mismos términos que el Congreso, oponer su veto o introducir enmiendas al texto. Si el Senado introdujese modificaciones al texto, éste debería volver al Congreso para que la Cámara Baja se pronunciara sobre las mismas. En caso de dar luz verde al texto aprobado por la Congreso, la ley estaría lista para su publicación en el BOE y entrada en vigor.

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