Las organizaciones ecologistas de ámbito nacional en España, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Seo/Bird Life, WWF y Greenpeace, han criticado con dureza la «deriva antiambiental» de la nueva Comisión Europea tras la eliminación del paquete legislativo de la economía circular y el aire limpio. Retorna también ha mostrado su preocupación ante retirada.
Hasta 80 piezas legislativas podrían dejar de ser incluidas en el programa de trabajo de la CE para 2015, entre ellas la relacionada con la recuperación de residuos, con la excusa de que no existen “posibilidades de acuerdo”.
No obstante, la reacción a la noticia ha sido “masiva” y en la última reunión de la comisión de medio ambiente del Consejo Europeo 23 Estados miembros han votado a favor de mantener el paquete de leyes, a la vez que 11 ministros del sector han pedido explícitamente su continuidad.
La propia CE estimaba la industria europea podría ahorrar 630.000 millones de euros al año y crear 180.000 nuevos puestos de trabajo adicionales aplicando la economía circular
La economía circular supone cerrar el ciclo de los materiales reciclando o reintroduciendo los recursos contenidos en los residuos en el proceso de producción, algo especialmente útil para una economía como la de la Unión Europea por la creciente inseguridad de suministros de materias primas y su progresivo encarecimiento que, según el comunicado, sólo en el último decenio ha sido del 150 %.
La propia CE estimaba a principios de este mismo año que la industria europea podría ahorrar 630.000 millones de euros al año y crear 180.000 nuevos puestos de trabajo adicionales, si se aplicaban las decisiones incluidas en este paquete.
El mismo paquete proponía además una revisión de las directivas de residuos y establecía porcentajes “ambiciosos” de reciclaje para 2030, así como la prohibición del vertido en 2025, la obligación de la recogida selectiva en origen de biorresiduos y la reducción del 30 % de residuos alimentarios.
Reacción Retorna
Sectores industriales, agentes sociales, grupos ambientales, medios de comunicación y “pesos pesados europeos” también han apoyado la continuidad de este conjunto de medidas que fue presentado en julio pasado e incluye un objetivo de reciclado del 80 % para envases en 2030 y la prohibición de envío de materiales reciclables a los vertederos para el año 2025.
Es a éstos últimos a los que se ha sumado Retorna, manifestando su “preocupación porque la propuesta de la antigua Comisión sea rechazada o modificada de forma significativa” por el equipo del actual presidente de la CE Jean-Claude Juncker.
La principal de esas modificaciones sería la rebaja o anulación de las medidas referidas a residuos, que incluye objetivos más ambiciones de reutilización y reciclaje y pone límites estrictos al vertido y la incineración.
Reacción de los ecologistas
Esta última aportación legal estaba destinada a “salir de la absurda situación actual” en la que cerca del 60 % de los recursos contenidos en los residuos se desperdician en vertederos o incineradoras en Europa.
Por ello, según los ecologistas, la decisión “no tiene ninguna lógica económica” y “entra en contradicción total con su intención declarada de crear puestos de trabajo, mejorar la economía europea y mantener altos niveles de protección social, ambiental y de la salud.”
Ninguna de estas medidas se llevará a cabo ahora, pese a la importante reacción en sectores industriales, agentes sociales, grupos ambientales y otros para pedir a Juncker la continuidad del paquete.
El anuncio de la Comisión de presentar otro paquete “más ambicioso” a finales de 2015 “resulta muy poco creíble, dado que el que elimina contaba con apoyo mayoritario de la sociedad civil”.
Los ecologistas también denuncian la “ambigüedad” en las nuevas medidas para mejorar la calidad del aire, “sin descartar que en realidad estemos ante una posible suspensión de su aplicación”.
Una decisión “paradójica y preocupante”, ya que se adopta justo tras conocerse dos estudios de la Agencia de Medio Ambiente Europea con datos “demoledores”, como que el aire contaminado provoca la muerte prematura de 450.000 europeos anualmente o que el coste económico de la contaminación de origen industrial supone hasta 190.000 millones al año.
La nueva directiva de techos de emisión nacionales aspiraba a poner coto a los seis principales contaminantes, reduciendo progresivamente sus emisiones máximas hasta 2030, cuando debería alcanzarse unos niveles menos perjudiciales para la salud.
El comunicado finaliza con un llamamiento al Gobierno español para “tomar las riendas” y aplicar leyes de protección ambiental, de la salud y el bienestar de las personas, dada la visión “cortoplacista y anticuada de la nueva Comisión Europea”.