La plataforma espera que estas medidas sirvan para poner freno a los negocios paralelos e irregulares de gestión de RAEE y reducir los robos de residuos en los puntos limpios.
Ante la sentencia emitida el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a hasta cuatro años de cárcel a cuatro personas por gestión ilegal de los residuos de más de 2.200 frigoríficos, la plataforma medioambiental Recyclia –integrada por los principales fabricantes de aparatos electrónicos– ha mostrado su satisfacción y ha destacado la necesidad de aplicar sanciones duras y contundentes encaminadas a evitar la gestión ilegal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Para Recyclia, esta sentencia, que se suma a anteriores condenas de seis meses de prisión por robos de equipos en puntos limpios municipales (fundamentalmente en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía), es un paso importante para la protección y consolidación de un modelo de gestión de residuos que ha demostrado su eficacia y ha conseguido un enorme respaldo, tanto de la industria como de la sociedad.
En este sentido, Recyclia destaca la necesidad de una política sancionadora contundente para garantizar una mayor seguridad jurídica tanto para los fabricantes, que en cumplimiento de la ley se responsabilizan de la gestión de los aparatos al finalizar su vida útil, como para los consumidores, que abonan una tasa para financiar este proceso cada vez que adquieren un equipo nuevo.
Asimismo, la plataforma valora el endurecimiento de las sanciones y el aumento del control de los flujos de residuos establecido en la Directiva 2012/19/UE, que se encuentra en proceso de transposición a nuestro ordenamiento jurídico y sustituirá al Real Decreto 208/2005.
Asumir su responsabilidad
Recyclia aspira así a que afloren los fabricantes que no declaran sus ventas ni pagan por el reciclaje de los productos que comercializan, al freno de los negocios paralelos y a la disminución de los robos de residuos en puntos limpios y las exportaciones ilegales a terceros países.
Según José Pérez, consejero delegado de Recyclia, “la Directiva exige a los productores el cumplimiento de unos objetivos de reciclado del 45% de los aparatos comercializados en 2016 y del 65% en 2019. Estos sólo podrán alcanzarse si conseguimos que los fabricantes que asumen su responsabilidad puedan ejercerla en un entorno de igualdad, lo que requiere un marco jurídico que persiga y sancione contundentemente las prácticas contra el medio ambiente y la competencia desleal”.
Recyclia está integrada por 971 fabricantes de aparatos electrónicos y lidera, a través de las fundaciones Ecofimática, Tragamóvil y Ecoasimelec, la recogida selectiva y el reciclaje de residuos electrónicos en España, con más de 130.000 toneladas gestionadas desde su constitución en 2001.